A poco más de un año de que la exgobernadora, María Eugenia Vidal, decretara el traspaso a la Provincia y Ciudad de Buenos Aires de las responsabilidades sobre el control de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, el Gobierno nacional junto a los dos distritos analizan dar marcha atrás con la medida.
Hasta octubre de 2019, el Estado nacional tenia el poder concedente sobre las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía electrica, pero la gestión de Cambiemos decidió delegar esas atribuciones a la administración bonaerense y de la Ciudad, en un traspaso que finalmente nunca se terminó de concretar.
Como explicó Diputados Bonaerenses, la medida había quedado en un “limbo jurídico” debido a la falta de la firma de una serie de actas-acuerdos y la conformación de un ente regulador que no se implementó porque para ello las tres jurisdicciones (Nación, Provincia y CABA) debían dar el visto bueno.
En este contexto de falta de claridad, ayer se reunió el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, junto con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo; el ministro de Desarrollo Económico y Producción de CABA, José Luis Giusti; y el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni.
“Hasta ayer cuando fue la reunión no se sabía que iba a pasar, pero se pudo avanzar en un principio de acuerdo para que Edenor y Edesur vuelvan a depender de Nación”, admitió una alta fuente del área bonaerense a este portal.
Tras el encuentro, Martínez destacó que “iniciamos el proceso de recuperación del poder concedente por parte de Nación, en un proceso de coordinación, diálogo y confluencia federal para asegurar el control y la regulación del servicio público de distribución eléctrica en el AMBA”.
A su vez, Basualdo señaló que “el Gobierno anterior había desistido de ejercer el poder de control, lo que en la práctica se transformó en una complicación para el servicio”. “Para resolver las serias demandas existentes en el Área Metropolitana es necesario normalizar la situación regulatoria”, apuntó.
Hay que destacar que el Gran Buenos Aires concentra 40% del consumo residencial y el 32% del comercial de todo el país y alberga a casi 72.500 industrias. “Garantizar el suministro eléctrico confiable y de calidad en esta área es una necesidad imperiosa para seguir profundizando la reconstrucción argentina”, afirmaron en un comunicado.
Es preciso mencionar, que la marcha atrás se enmarca en los reiterados reclamos de los intendentes del Conurbano por los cortes de suministro eléctrico que sufrieron y siguen padeciendo los vecinos en plena cuarentena de coronavirus (Covid-19) y por la falta de inversiones en que incurrieron ambas empresas.
Los acaldes se quejaron por las múltiples fallas en la prestación del servicio durante los últimos meses y acusaron a Edesur de “vaciar la empresa” y no invertir las elevadas ganancias que registraron durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri.
Además, por estos días, avanza la negociación entre el Gobierno y las distribuidoras Edelap, Edea, Eden, Edes y Edesa para definir un nuevo cuadro tarifario, que comenzó en agosto pasado con la firma del acuerdo que extendió el congelamiento de tarifas hasta fin de año.
Qué opinan las ONG de consumidores
Las ONG’s de consumidores en principio calificaron como positiva la decisión de las tres jurisdicciones de dar marcha atrás con el intento de traspaso aunque señalaron la necesidad de dar una discusión más amplias sobre el accionar de las eléctricas durante los gobierno de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.
“Esa intentona del gobierno anterior de hacer un ente entre las jurisdicciones no se llevó adelante porque fue una medida tirada de los pelos y reñida con las normas vigentes. Es fundamental continuar con el control actual”, sostuvo Juan Diego González Morales del Centro de Estudios de Servicios Públicos y Medio Ambiente (CESPMA) a Diputados Bonaerenses.
Las ONG’s bonaerenses vienen de presentar un proyecto en la Legislatura provincial que propone la creación de una Comisión Bicameral que investigue el proceso denominado ‘Revisión Tarifaria Integral 2017-2022´ relacionado con el accionar del grupo DESA -que concentra a las distribuidoras Edelap, Edea, Eden, Edes y Edesa.
El referente de CESPMA sostuvo que en el ENRE “debería haber mayor participación de los intendentes en la toma de decisiones” aunque consideró que “primero hay que discutir si queremos tener empresas tan grandes o se deben desprivatizar, que algunos municipios se hagan cargo o que sean cooperativas”.
“Esto implica rever los tarifazos y determinar si no hubo un acto ilícito. Antes de discutir esto tenemos que saber qué pasó, si las empresas están dispuestas a hacer las inversiones necesarias”, insistió González Morales.
Consultado sobre los motivos del intento de traspaso que realizó Vidal, destacó se buscaba que “los controles se vuelvan una nube y que durante un tiempo queden en la nada”. “Uno de los primeros dichos del Gobernador fue que no se iban a traspasar”, recordó.
