El juez del concurso de la agroexportadora Vicentin, Fabián Lorenzini, intervino la conducción de la empresa mediante la designación de dos coadministradores, sin "desplazamiento del actual directorio" por un plazo de 90 días y prohibió modificar "la tenencia y composición" del capital accionario.
La resolución del magistrado señala que "la principal motivación para incrementar la intervención actual es la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones que fueron requeridas por este juzgado".
En su decisión, Lorenzini dispuso "la intervención del órgano de administración" de Vicentin por 90 días hábiles judiciales prorrogables y designar como "interventor-coadministrador" al licenciado Andrés Schocron, actualmente veedor judicial del concurso propuesto por los acreedores.
El juez le otorga "rango similar" al de presidente del directorio de la empresa pero para "actuar de manera conjunta" con quien ocupa ese lugar de acuerdo a la última asamblea de accionistas.
Además, la resolución dispone que la subintervención sea ocupada por una persona designada por el Gobierno de Santa Fe y establece que, hasta que sea designada, el cargo lo ocupe la titular de la Inspección General de Persona Jurídica (IGPJ), María Victoria Stratta.
Entre las medidas dispuestas por el juez se destaca, también, su decisión como "medida de no innovar" la prohibición de "modificar la composición y tenencia del capital accionario de la concursada".
En junio pasado el mismo juez había rechazado la intervención dispuesta por el Gobierno nacional en la agroexportadora, como consecuencia de las deudas contraídas con el Banco Nación. Durante 2019, la cerealera tomó prestamos por $18.700 millones y luego se declaró en “estrés financiero”.
El millonario endeudamiento, que tuvieron lugar durante la gestión de Javier González Fraga al frente del Banco Nación, fue renegociada varias veces ante las irregularidades en los pagos y luego se fue ampliando por la evolución del tipo de cambio.
En la causa que investiga el accionar de la empresa, distintos acreedores -proveedores y financieros- reclaman unos $100.000 millones que la Sindicatura del concurso debe verificar. En paralelo, el fiscal Moreno investiga una denuncia por presunta estafa presentada por Juan José Trucco, vicepresidente de La Clementina SA.
Según consta en la denuncia, La Clementina firmó un contrato con Vicentin en noviembre de 2019 para la entrega de 500 toneladas de soja a razón de $14.815 la tonelada, que la agroexportadora debía pagar “contra la entrega de la totalidad de la mercadería”.
El último envío de La Clementina se realizó el 4 de diciembre de 2019, fecha en la que Vicentin debía realizar el pago, pero un día después anunció su cesación de pago por “estrés financiero”, por lo que el proveedor se consideró estafado.
