La Cámara Federal porteña confirmó la inhibición general de bienes y la prohibición de modificar el capital accionario de la empresa Algodonera Avellaneda, del grupo Vicentin, en la causa penal que investiga supuesta defraudación con préstamos multimillonarios del Banco Nación en el gobierno de Mauricio Macri.
El Tribunal de Apelaciones encomendó al juez, Julián Ercolini, evaluar la posibilidad de disponer un "embargo preventivo, estableciendo un monto específico a ser tutelado en base al actual conocimiento que pudiere haber adquirido en este tiempo respecto de los bienes que efectivamente detenta la empresa".
Así lo resolvieron los camaristas, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, ante planteos de los abogados de la firma bonaerense vinculados a "la necesidad imperiosa de mantener los puestos de trabajo".
Además, la Cámara ratificó el rechazo de Ercolini a un pedido fiscal para inhibir los bienes de las personas físicas investigadas en la causa. Entre ellos están el expresidente Macri, el extitular del Banco Nación, Javier González Fraga, y Guido Sandleris. También directivos de las empresas Vicentín y Algodonera Avellaneda.
"Se advierte que más allá de que aún no se las ha convocado a prestar declaración indagatoria, no se encuentran determinadas sus eventuales intervenciones en los hechos; cuestiones que nos disuaden de considerar en el caso que se hallen configurados los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora", concluyeron los jueces.
Sin embargo, advirtieron que "lo que aquí se resuelve no impide que, a partir del avance de la investigación o ante cualquier situación que modifique el panorama expuesto, se vuelva necesaria la urgente adopción de las medidas mencionadas".
Tanto el fiscal del caso Gerardo Pollicita como las querellas coincidieron en que "se verificaban en el caso los requisitos de verosimilitud en el derecho, por estar determinados la intervención y los roles de los funcionarios del banco, los empresarios en los hechos y el peligro en la demora, frente a los conocimientos técnicos que poseen, que les permitirían desprenderse de sus bienes y los medios económicos y financieros para esconder el patrimonio".
Por otro lado, la resolución de la justicia en el caso de Vicentin confirmó el rechazo a ordenar la inhibición de bienes, porque la firma está en convocatoria de acreedores y bajo el control de un síndico.
De esa forma, en la causa se investiga el perjuicio al Estado Nacional con el otorgamiento irregular de financiación a las empresas por el Banco Nación, calculada en $18.500 millones y la falta de ejecución de garantías previstas para ese endeudamiento.
