El debate sobre el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) impulsado por el Poder Ejecutivo, y que ya fue aprobado en Diputados, tendrá este martes su segunda jornada de debate en un plenario de comisiones del Senado de la Nación.
La discusión moderada por la peronista pampeana Norma Durango, presidenta de la comisión cabecera del asunto, Banca de la Mujer, continuará desde las 10 con la presencia de veinte invitados; seguirá el miércoles y el jueves se pasará a la firma el dictamen para llevarlo al recinto el martes 29 de diciembre.
Ayer, las audiencias fueron abiertas con los testimonios de los ministros de Salud, Ginés González García, y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y de la secretaria Legal y Técnica del Gobierno nacional, Vilma Ibarra.
Los funcionarios del Gobierno nacional argumentaron a favor del proyecto y fue el ministro de Salud el que lo calificó como "extraordinario", porque "baja la mortalidad materna, la morbilidad materna y aumenta la vida de las mujeres".
"Este tipo de proyectos tiene un resultado inmediato sobre la mortalidad materna. En una aproximación estimada, solamente en el día de hoy se están practicando mil abortos clandestinos en la Argentina. También están sucediendo 100 internaciones en hospitales públicos producto de abortos con complicaciones", aseguró González García durante el plenario.
Vale recordar, que el proyecto de legalización del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.
En tanto, de acuerdo al texto consensuado en Diputados, el plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.
En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.
Por su parte, la ministra Gómez Alcorta aseguró que "el proyecto de ley viene a dar una respuesta concreta a un problema de salud concreto" y afirmó que "no podemos seguir mirando para otro lado".
"Tenemos sobradas evidencias, al día de hoy, de que la legalización disminuye la mortalidad materna, elimina los riesgos en la salud de las mujeres y disminuye los abortos: la legalización en distintos países explican que existe círculo virtuoso en ese sentido", afirmó la titular de la cartera de las Mujeres.
Ibarra sostuvo que el proyecto por sí solo "no alcanza", pero ratificó que se busca poner un freno a "las muertes evitables y abordar el problema de salud pública" que acarrean los abortos clandestinos.
"No queremos que ninguna mujer que curse un proceso de maternidad piense en una situación de aborto por dificultades, queremos que el Estado este allí", expresó la funcionaria, al mismo tiempo que recordó que una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
"Sabemos que este proyecto solo no alcanza. Sabemos que lo que se necesita para disminuir la cantidad de abortos es un reforzamiento muy amplio de la educación sexual integral y de prevención de violencias y abusos", insistió Ibarra.
Además hubo algunos cruces entre legisladores a favor y en contra de la iniciativa por los tiempos para llevar el tema al recinto. El asunto atraviesa transversalmente los bloques parlamentarios y, como se dio en 2018 con el mismo tema, generó discusiones.
Durante la videoconferencia, hubo debate entre el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, en contra de legalizar el aborto, y algunas senadoras como la neuquina Silvia Sapag y la tucumana Beatriz Mirkin, a favor de la medida.
Luego de que la radical tucumana Silvia Elías de Pérez pidió "listas equitativas de expositores" en las audiencias y encomendó su confección a Mayans, el formoseño cuestionó las exposiciones y reclamó "más tiempo para estudiar el tema".
"Parece que los que no están a favor quieren entorpecer", dijo Sapag, que pidió bajar el número de invitados, ante lo cual Mayans advirtió sobre un posible "tratamiento exprés" y un "exceso".
En tanto, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, la peronista santafesina María de los Ángeles Sacnun, afirmó que fue "acertado" el giro a comisiones dado al tema en tratamiento, y que "la perspectiva constitucional de estos proyectos está insertada en el futuro dictamen".
