La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires tratará este jueves el denominado proyecto de Ley de Víctimas, que introduce cambios en los Códigos Procesal Penal y de Ejecución Penal bonaerense. Finalmente, como anticipó en exclusiva este portal, Axel Kicillof apelaría al "Plan B" ante la demora de los acuerdos sobre el Presupuesto y la Ley Impositiva que recién se pondría en debate el martes que viene.
El texto acordado entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que ya obtuvo media sanción en el Senado bonaerense el 11 de septiembre pasado, recibirá un conjunto de retoques que deberán ser revalidados por la Cámara alta. Si la iniciativa se trata en conjunto con el Presupuesto, se transformará en ley en esa misma jornada.
“El jueves se trata. Es firme el tratamiento. Sale por consenso”, sostuvieron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia a Diputados Bonaerenses. El Consejo de Víctimas también confirmó que este jueves -a las 11:00 horas esta llamada la sesión- la Cámara baja pondrá a consideración el proyecto que pone a las víctimas en el centro de la escena del proceso penal.
Este portal tuvo acceso al borrador que consensuaron oficialismo y oposición, en el que uno de los cambios centrales es la creación por ley del Consejo de Víctimas que reactivó la gestión del ministro Julio César Alak. Como la ley, se trata de un viejo anhelo del colectivo de familiares de víctimas.
Ese espacio comenzó a funcionar en 2014 bajo la gestión del exgobernador Daniel Scioli y fue desarticulado en 2016, durante la de María Eugenia Vidal. De hecho, en 2015 los familiares de víctimas tenían una ley redactada para su creación pero no se terminó tratando.
El proyecto que será aprobado este jueves agrega el Capítulo VII en el que se especifican las funciones del Consejo entre las que se encuentran colaborar con las áreas específicas del Ministerio en la atención, acompañamiento, además de incorporar la perspectiva de la víctima en la gestión. En el artículo 45 se establece que sus integrantes serán designados por la cartera que conduce Alak.
Otro organismo que crea el proyecto de ley es el “Observatorio de Víctimas de Delitos” en el ámbito de la Legislatura bonaerense enfocado en el “monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos, con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de políticas públicas”.
El Observatorio estará integrado ad honorem por víctimas de delitos, asociaciones civiles o fundaciones, familiares, representantes de la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, el Senado y la Cámara de Diputados, con un total de seis legisladores.
Además, los diputados introdujeron cambios en el Capítulo IV que crea la figura del abogado/a de la víctima para el acompañamiento durante el proceso penal y su registro correspondiente a cargo del Colegio de Abogados bonaerense. Dentro de las añadiduras, se estableció que los letrados deberán notificar su renuncia –en caso que aplique- con una antelación no menor a 30 días hábiles y que deberán contar con una matrícula con tres años de antigüedad. Otra incorporación importante en el Capítulo I fue permitirles a las asociaciones o fundaciones formar parte del proceso.
En rasgos generales y de acuerdo a los lineamientos trazados por el Senado, la ley busca garantizar el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación por los ofensores, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional a las víctimas de delito.
Dentro de las modificaciones al Código de Ejecución Penal sobresale el derecho de “la víctima tiene derecho a ser informada y a ser oída, en audiencia especial previo a la decisión de excarcelaciones, morigeraciones o cesación de la prisión preventiva previo a la decisión” (en todos los casos: salidas transitorias; régimen de semilibertad; libertad condicional; prisión domiciliaria; prisión discontinua o semidetención; libertad asistida; y cese de una medida de seguridad).
En tanto, en el Código Procesal Penal se establece la oportunidad de la víctima de “constituirse como particular damnificado” para lo cual “bastará su presentación espontánea, hasta 30 días antes de la fecha fijada para el debate, la que se prorrogará en caso de suspensión o prórroga del debate hasta 30 días antes de la nueva fecha prevista, sin que con ella pueda retrotraerse la tramitación de la causa”.
Otro punto importante es la regulación de las declaraciones testimoniales de niñas, niños y adolescentes menores de 16 años de edad, con el resguardo de la integridad psíquica y moral de las víctimas.
Debate en el Senado
Si bien costó llegar a un consenso en la Cámara alta a la hora de aprobar la Ley de Víctimas, el trámite parlamentario incluyó una amplia ronda de expositores que volcaron sus opiniones sobre cómo debería confeccionarse la norma.
Entre otras asociaciones y organizaciones que nuclean a familiares de víctimas del delito participaron académicos, entre los que estuvieron el juez y profesor universitario, Ignacio Gallo, y la jueza Mariana Maldonado, ambos integrantes de la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires durante los años 2016 y 2017.
También fueron de la partida los reconocidos profesores de Derecho Penal, Fernando Díaz Cantón y Martín Arias Duval; el secretario de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal bonaerense, Francisco Pont Vergés; el presidente del Consejo de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Almeida; y la directora provincial de Casos Críticos y de Alto Riesgo del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, Silvina Perugino.
Del mismo modo, emitieron opinión el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Lisandro Pellegrini; y el presidente de la organización Grooming Argentina, Hernán Navarro, entre otros.
