miércoles, abril 24, 2024

Revisión tarifaria: ONGs piden que se estudien las ganancias de las empresas

Las asociaciones de consumidores respaldaron el congelamiento de tarifas hasta el 15 de marzo y pusieron condiciones para el proceso de renegociación.

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Asociaciones de consumidores salieron a respaldar la decisión del Gobierno nacional de prorrogar por 90 días, hasta el 15 de marzo próximo, el congelamiento de las tarifas de luz y de gas e iniciar la renegociación de la revisión tarifaria integral (RTI) vigente.

Apoyamos a la decisión de mantener congeladas las tarifas y fortalecer el proceso de renegociación de la revisión tarifaria llevada adelante por el Gobierno de Macri, el que puede durar hasta 2 años”, dijeron desde el Centro de Estudios de Servicios Públicos y Medio Ambiente (CESPMA) y Consumidores Responsables.

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En tanto, en el Decreto 1020/2020 también se dispone la renegociación tarifaria u se establece que "el plazo no podrá exceder los dos años, debiendo suspenderse hasta entonces, los acuerdos correspondientes a las respectivas RTI vigentes con los alcances que en cada caso determinen los entes reguladores".

En la normativa el poder Ejecutivo ratifica la necesidad de contar con tarifas justas, razonables y asequibles, que no discriminen a usuarias y usuarios por su condición social, su localización o su inserción en el aparato productivo”, destacaron las ONGs.

La revisión es la correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica, y gas natural que estén bajo jurisdicción federal. Asimismo, el decreto define que "el proceso de renegociación culminará con la suscripción de un acta acuerdo definitiva sobre la RTI, la cual abrirá un nuevo período tarifario según los marcos regulatorios".

“El decreto reivindica la potestad del Estado para la fijación de tarifas, que de ninguna manera puede ser afectada por la concesión a particulares de un servicio público. Fallos judiciales reconocen expresamente el derecho de revisión contractual y de modificaciones tarifarias por parte de los gobiernos”, remarcaron las asociaciones.

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Además, las ONGs enfatizaron que también “el decreto les da un papel preponderante y amplias facultades a los entes reguladores sectoriales (ENARGAS y ENRE)” y agregaron que también “garantiza la participación ciudadana para que todas las voces expresen sus opiniones y propuestas, a través de audiencias públicas, consultas públicas o cualquier otro mecanismo participación popular”.

Desde el CESPMA y Consumidores Responsables destacaron que la renegociación debe girar en torno a cinco aspectos clave:

 

  1. Determinación y revisión de las ganancias acumuladas por las empresas distribuidoras, del cumplimiento de sus planes de inversión y de las cláusulas contractuales.

 

  1. Establecimiento de un sistema tarifario diferencial que contemplen situaciones sociales, territoriales, productivas y climáticas de los usuarios y usuarias.

 

  1. Fijar estrictos índices de calidad de servicio, un adecuado y eficaz sistema de control y un régimen de multas con montos que desestimen el incumplimiento.

 

  1. Fortalecer y jerarquizar a los Entes Reguladores (ENARGAS y ENRE) para el adecuado y completo control de las normas regulatorias basadas en el interés público.

 

  1. Incorporar formas extendidas y amplias de participación ciudadana

 

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