sábado 18 de septiembre de 2021 - Edición Nº1411
Diputados Bonaerenses » Nación » 30 dic 2020

Momento histórico

Un siglo de luchas: qué leyes feministas abrieron camino al aborto legal en Argentina

Algunas como la ley de voto femenino, el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género fueron los grandes precedentes.


Antes de la  sesión histórica del Senado de la Nación que dejó atrás la clandestinidad de la interrupción del embarazo, en la Argentina hubo una serie de leyes feministas que marcaron el camino hacia esta nueva conquista.

Desde la ley de derechos civiles de las mujeres, pasando por el voto femenino, el divorcio vincular, el matrimonio igualitario y la identidad de género, el movimiento de mujeres, lesbianas y disidencias marcó los hitos políticos del siglo XX y lo que va del XXI.

 

1926 – Ley de derechos civiles de la mujer

 

Se trata de la ley 11.357, que reconoció los derechos de las mujeres en relación a los derechos de la persona inscriptos en el Código Civil, que se ocupan de las libertades y la autonomía privada. Hasta ese momento, la mujer casada estaba bajo la subordinación de la autoridad del marido para cualquier actividad jurídica.

La ley fue una iniciativa de los legisladores socialistas Mario Bravo y Juan B. Justo, que y si bien otorgaba algunos derechos para que la mujer casada no quedase sometida a la autorización del marido o del juez, no le otorgaba la capacidad civil plena.

 

 

1947 – Ley de voto femenino

 

Gracias a la histórica lucha de las militantes sufragistas de principios de siglo y luego con el impulso del gobierno de Juan Perón y su esposa Eva Duarte, se sancionó la ley 13.010 que garantiza el voto a las mujeres argentinas.

Una de las pioneras fue Julieta Lantieri, la primera mujer incorporada al padrón electoral en América Latina. Exigió empadronarse porque cumplía con los requisitos de la ley Sánez Peña, convirtiéndose en la primera mujer en la historia argentina en poder votar.

Luego de la sanción de la ley, las mujeres argentinas pudieron votar masivamente en las elecciones del año 1951.

 

 

1985 – Ley de filiación y patria potestad

 

Se trata de la ley 23.264, que generó una equiparación de hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Además, la patria potestad compartida tiene como fin que no sea uno solo sino ambos padres los que tomen las decisiones atinentes a la vida y al patrimonio de sus hijos.

Del mismo modo, en caso de separación de los padres, el ejercicio de la patria potestad corresponderá al padre o madre que ejerza legalmente la tenencia, sin perjuicio del derecho del otro progenitor de mantener una adecuada comunicación con su hijo y de supervisar su educación.

 

1987 – Ley de divorcio vincular

 

Con el retorno de la democracia, estas leyes pudieron ser sancionadas sin la intromisión de los poderes eclesiásticos y dictatoriales, bajo el gobierno radical de Raúl Alfonsín. Se trata de la ley 23.515, que permitió establecer la separación del matrimonio, lo que dio un marco legal a la unión que tenían unos 2.500.000 de argentinos que habían estado casados anteriormente.

 

 

1991 – Ley de cupo femenino en las listas

 

Se trata de la ley 24.012, impulsada por la senadora radical de Mendoza, Margarita Malharro de Torres, que estableció que de modo obligatorio al menos del 30% de las listas de candidatos a elecciones fuera ocupada por mujeres.

Gracias a la sanción de la ley, la representación femenina en las bancas del Congreso Nacional y de las Legislatura provinciales que sancionaron leyes similares creció de modo exponencial.

El sistema se mantuvo hasta 2017 cuando se sancionó la ley de paridad de género, que establece una representación igualitaria de mujeres y varones en las listas, los cuales deben ubicarse de manera intercalada.

 

 

2004 – Ley de parto humanizado

 

Se trata de la ley 25.929, la cual establece que las obras sociales y prepagas deberán brindar obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, incorporándose las mismas al Programa Médico Obligatorio. Como así también deja en claro cuáles son los derechos de los padres y de la persona recién nacida.

Entre otros, la persona gestante tiene derecho a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes alternativas. A ser tratada con respeto, y de modo individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales.

Como también a ser considerada, en su situación respecto del proceso de nacimiento, como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto.

 

2006 – Ley de Educación Sexual Integral (ESI)

 

El objetivo es garantizar la educación en ese orden para todos los niños, niñas y adolescentes, tanto en la educación pública como privada, laica y religiosa.

Los lineamientos se orientan a respetar la identidad de los estudiantes y a ofrecer en la escuela un espacio de comprensión, respeto y acompañamiento. Explica que la sexualidad no se limita a un aspecto físico y que debe contemplarse la manifestación emocional de los alumnos.

A pesar de que pasaron 14 años, esta ley no se cumple ni se respeta en su totalidad en las provincias ni en todas las instituciones de enseñanza, sobre todo en donde interceden los dogmas religiosos.

 

 

2010 - Ley de Matrimonio Igualitario

 

Con la ley 26.618, la Argentina fue el primer país de América Latina, y el décimo el mundo, en consagrar la ampliación del matrimonio a personas del mismo sexo. Esta normativa establece que “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.

Así, consagra los derechos civiles de las personas de la comunidad LGBTIQ+ a poder acceder a los mismos derechos que las personas heterosexuales en cuanto permite la unión conyugal de dos personas sea cual fuere el sexo de una y de otra.

 

2012 – Ley de identidad de género

 

La ley 26.743 establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género; al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.

Según la definición de la norma, se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.

 

 

2018 – Ley Micaela

 

La ley 27.499 establece la capacitación obligatoria en materia de género para todos los empleados y representantes de la administración pública y de los tres Poderes del Estado.

Así, desde el Presidente de la Nación y sus Ministros hasta las y los empleados de las Legislaturas y las Municipalidades, como así también los miembros del poder Judicial deben participar de los cursos.

Esta ley lleva ese nombre en homenaje a Micaela García, asesinada en 2017 por Sebastián Wagner en Entre Ríos. Antes del femicidio, Wagner estaba preso por dos violaciones pero el juez Carlos Rossi le otorgó la libertad condicional, a pesar de que los informes técnicos indicaban lo contrario.

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