El caso del robo que sufrió la diputada Carolina Piparo y la embestida por parte de su esposo a dos jóvenes motociclistas que nada tenían que ver con el hecho sigue despertando sospechas y ruido en la política platense y provincial.
Ante el caso, el Consejo de Víctmas bonaerense, dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH, tomó acción y se puso en funciones con su rol que es, justamente, dar asistencia a las víctimas de delitos.
“Nos pusimos a disposición de las familias víctimas, y con el que tuvimos un acercamiento directo fue con Iván (17) con nuestro equipo del Consejo, Emmanuel Terrón el responsable de Legal y Técnica, y la señora Zulma Tarditti quien está vinculada a lo que tiene que ver con los hechos de tránsito. Lo vimos golpeado, muy lastimado y se sentía estigmatizado porque lo trataban como motochorro”, dijo Roberto Almeida a Diputados Bonaerenses.
Almeida es el presidente del Consejo, que tuvo un rol fundamental junto con otras organizaciones especializadas, en la sanción de la Ley de Víctimas bonaerense, que se sancionó en diciembre de 2020 y que logró la conformación oficial del organismo por la normativa.
“Desde el primer momento me puse en contacto con la diputada Piparo para acompañarla desde el Consejo, porque ella dijo que sufrió un robo esa noche, algo que la Justicia comprobó, porque esa es la función del Consejo, estar a disposición cuando sea necesario porque no tenemos familiares de primera y de segunda”, aseguró.
En ese orden, Almeida señaló que no hubo ninguna respuesta por parte de la legisladora y funcionaria de la Municipalidad de La Plata. En tanto, la investigación permanece abierta y el esposo de Piparo, Juan Buzali, se encuentra detenido ya que era el conductor del vehículo que atropelló a los motociclistas.
“Jamás recibimos una devolución a esa propuesta. Ella dijo que le robaron el teléfono, y como luego lo recuperó, a los pocos días recibió el mensaje pero no hubo una respuesta. Es nuestra responsabilidad, no solo como Consejo, sino por una cuestión moral además de que la conocemos hace muchos años”, explicó.
Sobre los jóvenes, el que aceptó la ayuda del Consejo fue Iván, menor de edad, mientras que el otro joven agradeció la propuesta pero no solicitó la asistencia del organismo.
“Eran dos muchachos que iban a un evento, nos encontramos con gente que realmente necesitaba el apoyo del Estado porque del otro lado hay una contracara fuerte, es una familia vinculada al poder y del otro lado un chico que tiene vulnerabilidades, las diferencias en las condiciones son muy complejas”, marcó Almeida.
En el caso del chico, Almeida destacó que lo afectó mucho que se hablara de él como un delincuente, aunque en los primeros días la Justicia determinó que ni él ni el otro motociclista tuvieron que ver con el episodio del asalto que sufrió Piparo junto con su esposo.
“Se puso en marcha un operativo de contención, hubo una evaluación psicológica, una evaluación social y la función de Zulma Tarditti en este caso es muy importante porque le puso amor maternal al tema, se generó un muy buen vínculo con Iván y la madre, y eso fortalece al menor que es un chico que quiere estudiar, trabajar, tiene aspiraciones para su vida”, sostuvo Almeida.
Por otro lado, el Presidente del Consejo descartó los planteos de “intencionalidad política” en el caso porque para su equipo “la prioridad es la víctima y los más vulnerables son los dos chicos atropellados, nosotros no tenemos injerencia en la Justicia”.
En ese mismo planto, también destacó la actuación de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo y marcó que “festejamos la celeridad de la Justicia porque es lo que venimos pidiendo hace muchísimos años. Permite esclarecer los hechos lo antes posible porque en el medio sufren las víctimas y los atrasos judiciales solo dan ventajas a quienes buscan salirse de la situación”.
