El Gobierno nacional decidió prorrogar por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extender la obligatoriedad del pago de una doble indemnización para los casos de cesantía por todo el año 2021, informaron esta noche fuentes oficiales.
Fuentes oficiales aclararon que la medida estará contenida en un decreto que está a la firma del presidente Alberto Fernández y del ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Se prevé que sea publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial.
De este modo las empresas privadas no podrán despedir empleados sin causa justa, como ya está vigente. Esta extensión de la medida condice con lo dispuesto desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y ante la intención de algunas compañías de echar personal por la retracción de la actividad.
"Somos un gobierno que ha tomado estas medidas en un momento de complejidad. Estamos viendo que todavía todo el sector de los trabajadores está necesitando que se avance en medidas que tengan que ver con el cuidado del empleo, y así lo venimos haciendo", anticipó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, este miércoles.
Vale recordar que, el primer decreto rigió desde el 1° de abril, luego se dispuso una prórroga desde el 1° de junio y hubo una tercera disposición desde el 1° de diciembre. El presidente Alberto Fernández fue enfático en criticar a los empresarios que decidieron despedir empleados en medio de la pandemia.
En un primer momento la decisión fue tomada luego del intento del Grupo Techint de despedir 1.450 trabajadores de la constructora por la parálisis de la actividad.
En ese entonces, el Presidente criticó a Paolo Rocca -titular del holding. “Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, esta vez colaborá, y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los trabajadores”, objetó.
La medida fue una de las primeras que tomó Alberto Fernández por la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar el coronavirus".
Las iniciativa, rechazada por las principales cámaras empresariales, habilitaron como único atajo para instrumentar suspensiones o rebajas salariales el artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo, que fija una instancia obligatoria de negociación entre los empleadores y el sindicato más representativo.
