La organización Mumalá-Mujeres de la Matria Latinoamericana exigió "la implementación urgente de todas las medidas económicas anunciadas por el Gobierno para víctimas de violencia de género", tras relevar 26 femicidios entre ellos seis vinculados, y 36 intentos durante enero.
Según el listado difundido en las últimas horas por el Observatorio de la mencionada agrupación, entre el 1 y el 31 de enero últimos se produjo un femicidio cada 27 horas, y en el mismo período ocurrieron también cinco muertes violentas de mujeres vinculadas con el narcotráfico o con crímenes relacionados con venganzas o deudas.
Además, otros siete casos de mujeres asesinadas se encuentran en etapa de investigación, a la espera de la realización de autopsias o pericias complementarias para que la Justicia determine el contexto en que sucedieron los homicidios.
A su vez, el registro señaló que 27 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres como consecuencia de esos hechos, y que 36 mujeres fueron víctimas de intentos de femicidio.
En tanto, el desglose de los datos indicó que en el 59% de los casos, los femicidios fueron cometidos por parejas, exparejas o familiares; y que otro 29% por hombres conocidos por las víctimas o integrantes de sus círculos íntimos.
Sobre el lugar de los asesinatos, el informe explicó que el 63% se concretó en las viviendas de las mujeres -donde residían solas o con sus parejas-, el 17% en la vía pública, el 8% en el espacio de trabajo de las víctimas y el 4% restante en los domicilios de los femicidas.
Por último, las cifras destacaron que el 25% de las mujeres asesinadas había denunciado a su agresor, y que el 17% poseía una orden de restricción de contacto o perimetral y otro 4% contaba con un botón antipánico.
"Seguimos exigiendo al Estado Nacional que declare la #EmergenciaNiUnaMenos, priorizando recursos para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGBTIQ+", sostuvo Mumalá en un comunicado de prensa.
En ese sentido, demandó la puesta en marcha "sin burocracias ni clientelismo" de medidas económicas para las víctimas de violencia de género y para el colectivo travesti-trans, como los programas Potenciar Trabajo y Acompañar.
"Reclamamos la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y la aplicación efectiva de la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género y violencia de género en todos los ámbitos del Esado, desde una perspectiva feminista, diversa y disidente", finalizó.
