El Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Sergio Berni, decidió retirar del servicio a 400 uniformados que participaron de la rebelión policial de septiembre pasado que terminó rodeando la casa del gobernador Axel Kicillof y la Quinta Olivos donde reside el presidente Alberto Fernández.
En el texto, firmado por la auditora de Asuntos Internos, Lorena Rebuffo, se consigna que los efectivos cometieron gravísimas faltas administrativas al movilizarse, por ejemplo, hasta la Quinta Presidencial de Olivos, utilizando los móviles de la fuerza y durante el horario de prestación de servicio.
Ahora, los efectivos deben declarar en sede administrativa ante Asuntos Internos, se les quita el arma, quedaron separados del servicio y enfrentan la posibilidad de ser dados de baja. Además, existe contra ellos una causa penal, informaron fuentes oficiales.
La decisión tiene fecha del 8 de febrero y opera como una advertencia respecto de las protestas planificadas para este jueves 11 y alentadas por efectivos exonerados y diferentes referentes de Juntos por el Cambio que utilizan una página de Facebook que nuclea a miles de uniformados.
El expediente en la Auditoría de Asuntos Internos no sólo abarca a los policías que marcharon a Olivos en una dura rebelión, sino también a aquellos que protestaron en Puente 12, La Matanza, en La Plata, y otros puntos de la provincia de Buenos Aires.
Durante la semana pasada empezó a circular, la convocatoria a repetir la rebelión 11 de febrero, con la consigna de que se equiparen los sueldos de la Bonaerense con los de la Policía de la Ciudad. Sostienen que un efectivo recién ingresado puede sumar unos 61.000 pesos de sueldo mientras que en CABA la cifra trepa a 70.000.
El texto de la resolución indica que “deben prestar declaración administrativa en relación al hecho por el cual, el 9 de septiembre de 2020, en horas de la tarde, los efectivos mencionados se hicieron presentes en la Residencia Presidencial de Olivos con la finalidad de participar de una protesta”
“Los efectivos cometieron un hecho de extrema gravedad ya que circularon, tanto a pie como en móviles policiales, con la clara intención de erosionar la figura presidencial. Por lo relatado, los imputados afectaron gravemente la disciplina al cometer un acto de insubordinación y afectaron la operatividad de la fuerza policial”, remarca la resolución.
En aquella rebelión, los que tomaban el micrófono eran, en general, exonerados. En Puente 12 se hizo notar un supuesto oficial que aparecía con un uniforme militar de camuflage. Se trató del capitán Mariano Díaz, que según el Ministerio de Seguridad fue apartado por haber intervenido en un motín del Grupo Halcón en 2014.
Por la tarde, en Olivos, agarró los micrófonos otro desplazado, el Capitán Sandro Adrián Amaya, que igualmente fue exonerado por estar imputado en una causa de drogas que en su momento instruyó el juez federal Alberto Suárez Araujo.
Sin embargo, estos voceros estuvieron acompañados por varios centenares de efectivos en actividad que, a su vez, utilizaron los móviles de la fuerza. La mano de Cambiemos se percibió en que varios de los cabecillas fueron candidatos a concejales en listas de la fuerza de Mauricio Macri.
Hace un par de semanas, la ex ministra Patricia Bullrich nuevamente trató de montar su show ante ocho policías que se cuadraron en Villa Gesell. Bullrich y Arietto hicieron trascender la filmación como si hubiera sido otro acto de insubordinación, pero los propios policías contaron que fueron utilizados políticamente.
En las últimas horas el ministro de Seguridad provincial advirtió que la nueva protesta de la Policía Bonaerense, prevista para este jueves tiene una motivación política y otras intencionalidades de fondo, que “nada tiene que ver con la cuestión salarial”.
En ese sentido, Berni anticipó que "en estos días están por salir las sanciones de aquellos que incumplieron con su deber en septiembre y están haciendo este tipo de movidas” y sentenció que “atrás de estos reclamos también hay mucha gente exonerada”.
