Luego de la inesperada declaración del periodista Horacio Verbitsky que dejó al desnudo una malversación en el reparto de las vacunas contra el coronavirus, desde Juntos por el Cambio desempolvaron una batería de proyectos tendientes a garantizar un reparto equitativo de las dosis.
Las iniciativas del bloque opositor ya circulaban en los pasillos de la Legislatura bonaerenses mucho antes del escándalo que terminó con la renuncia del Ministro de Salud, Ginés González García, y el posterior nombramiento en su lugar de Carla Vizzotti.
Desde varios municipios del interior salieron denuncias por la aplicación de la Sputnik V a “militantes y funcionarios públicos”. Por esto, desde el bloque opositor en el Senado que preside, Roberto Costa, reclamaron un marco legal que asegure el principio de “equidad y gratuidad” de la vacuna.
“Transparentar es la mejor manera de desterrar la discrecionalidad. Este es el segundo proyecto que impulsamos en esta dirección, habíamos presentado uno hace 20 días fijando un orden de prioridades y que el mismo se cumpla. Cada vecino tiene derecho a saber si en su municipio está ocurriendo alguna irregularidad o no”, dijo Costa.
En rigor, en el primero de los textos que hace referencia Costa se venía reclamando claridad en torno al orden de prioridades para poder acceder a la inoculación en territorio bonaerense y en el ingresado en las últimas horas se solicitó la creación de un registro público de vacunados. Ambas iniciativas tuvieron su correlato en Diputados.
Los proyectos, del titular de bancada opositora y sus pares Nidia Moriano, Walter Lanaro y Juan Pablo Allan, buscan transparentar el sistema de vacunación implementado en la Provincia, que quedó en manos de la organización política “La Cámpora”, en muchos de los distritos.
Así por lo menos lo advirtieron desde municipios como San Andrés de Giles, Berisso, Hipólito Yrigoyen, Chivilcoy y Navarro, donde se difundieron imágenes de concejales, funcionarios municipales o personas por fuera del orden de prioridad recibiendo la vacuna.
En ese sentido, la Moirano precisó que “la discrecionalidad del gobierno en la asignación de vacunas para COVID-19 teniendo en cuenta, además, la baja cantidad de dosis que han llegado a nuestro país habla de la irresponsabilidad de una gestión que se niega a comprender la angustia que atravesamos los argentinos”.
En la misma línea, Lanaro agregó que es “fundamental que toda política pública sea en favor del acceso a la información por parte de la ciudadanía”. “Es muy importante promover proyectos que fortalezcan la confianza entre el Estado y los vecinos. Más aún, teniendo en cuenta la salud y el proceso de vacunación que estamos atravesando", apuntó.
Por último, los legisladores expresaron un “total rechazo” al uso discrecional de las vacunas. “Es alarmante que sean aplicadas a amigos, militantes y funcionarios del gobierno. Es necesario fijar prioridades y cumplirlas. No se puede jugar con la salud de las personas”, concluyeron.
