jueves, marzo 28, 2024

Sobreseyeron al ministro Daniel Arroyo por una causa de presuntos sobreprecios

Así lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello, tras la denuncia del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por “irregularidades” en una compra de alimentos durante la emergencia sanitaria.

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Esta mañana el juez federal Sebastián Casanello dispuso el sobreseimiento del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, en la causa penal por presuntos sobreprecios en compras de alimentos durante la pandemia de coronavirus, tras descartarse la existencia de delito.

En los fundamentos de su fallo, el magistrado consideró que "el estudio de los expedientes de contrataciones por emergencia del Ministerio de Desarrollo Social denunciados, demuestra que se ha cumplido con la normativa y reglamentación vigente”.

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Por lo mismo, Casanello consideró que no hubo anomalías “para llevar adelante en forma debida la adquisición de los alimentos de primera necesidad allí alcanzados” y señaló que "las razones de urgencia que llevaron a esa cartera ministerial a celebrar las contrataciones aquí denunciadas, resultan claras y justificadas".

En esa línea, el juez federal marcó que las contrataciones denunciadas "tuvieron como objeto cubrir la demanda de un sector de la población que precisaba de la asistencia del Estado” para afrontar la pandemia de coronavirus.

“Considero que la hipótesis introducida en las denuncias que conforman estos actuados no exterioriza la comisión de conducta ilícita alguna", concluyó Casanello respecto al obrar de Arroyo y de otros 16 acusados en la causa por sobreprecios en los alimentos.

En ese marco, el juez puntualizó que "la prueba incorporada permite descartar cualquier tipo de irregularidad en la tramitación de las contrataciones por emergencia", y aseveró que estuvieron "más que justificadas las razones" de los funcionarios al efectuar la compra.

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En la investigación, el fiscal federal Guillermo Marijuán ya había dictaminado a favor del sobreseimiento del ministro Arroyo y otros imputados en esa causa, al descartar la existencia de compras de alimentos con valores exacerbados durante la Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Los demás acusados junto a Arroyo eran Gonzalo Calvo, Andrés Gaudino, Marina Erroitzarena, Mariano Manuel Rueda, Cecilia María Lavot, Karina Yarochvski, Mariana Noemí Fernández, Andrés Espínola y Patricia Hartenstein.

También fueron investigados Laura Alonso, Eduardo Manuel Assisa, Sebastián Pablo Assisa, Roberto Ricardo Toscano, Federico José Toscano, Víctor Hugo Lusardi y Eduardo Enrique Martínez.

Cabe recordar que la denuncia había sido presentada el 20 de abril del año pasado, por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, para que se investigaran posibles anomalías en contrataciones directas por emergencia autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Social.

Las compras cuestionadas fueron de aceite comestible, fideos, azúcar, lentejas y arroz, tramitadas en cinco expedientes, adquiridas por un total de $543.408.400 y en la denuncia, la PIA sostuvo que habrían sido adjudicadas a "un grupo reducido de empresas".

En el pedido de investigación, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas argumentó que las compras "en su mayoría cotizaron por encima del precio testigo proporcionado por la Sindicatura General de la Nación".

De todas maneras, la fiscalía sostuvo que a través de diversas pruebas ordenadas "se documentó el funcionamiento de las sociedades referenciadas, tratándose en algunas de ellas de depósitos, oficinas comerciales o viviendas vinculadas con las firmas".

Además, se informó a la fiscalía "que el precio fijado correspondía al valor medio de mercados mayoristas y distribuidoras para cada producto, todo ello calculándose con las condiciones de contratación previstas en el Pliego de Bases y Condiciones".

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