El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense difundió un informe que precisa que las investigaciones judiciales en la provincia de Buenos Aires sobre casos de aborto hacían foco "en las mujeres que se causaban su propio aborto", antes de la sanción de la Ley IVE.
El informe de la Subsecretaría de Política Criminal, abarca los últimos nueve años y puntualiza que "el eje de la persecución judicial en territorio bonaerense en los primeros tres años hacía foco en las personas que facilitaban el aborto" y luego recayó sobre las mujeres que abortaban de manera clandestina.
En concreto, el trabajo realizado por la cartera a cargo de Julio Alak precisa que en los últimos seis años "ganaron entidad las investigaciones contra aquellas personas que se causaban su propio aborto".
En tanto, se remarca que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sancionada en diciembre pasado en el Congreso nacional y reglamentada a comienzos de 2020 "se adecuó a compromisos y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en materia de salud pública"
En este sentido, el Ministerio de Justicia bonaerense recordó que "se modificaron los artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Penal, y se implementó el artículo 85 bis, que contempla como responsable a un funcionario público, autoridad o personal de la salud".
Antes de la ley IVE, que entró a regir a partir del 14 de enero de este año, la obstaculización de un aborto "no se consideraba un delito y ahora contempla una pena de 3 meses a un año de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo".
La normativa, "cambia el artículo 88" del Código Penal ya que "antes causar su propio aborto o consentir que otro se lo cause tenía una pena de 1 a 4 años, pero ahora la pena va de tres meses a un año y podrán ser eximidas de prisión cuando las causas hicieran excusable la conducta".
Otro de los puntos salientes indica que existe una correlación entre las investigaciones iniciadas por actividad policial y los comportamientos ligados a los abortos ajenos. Del mismo, modo se corresponde la evolución de las causas generadas por órganos judiciales y por prácticas vinculadas a abortos autogestionados.
Al mismo tiempo, remarcó que las personas detenidas en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense por conductas abortivas solían tener imputaciones que alcanzan otras figuras penales.
