Un laboratorio clandestino, que elaboraba dióxido de cloro para la venta como antídoto contra el coronavirus, fue allanado y desarticulado en Mar del Plata por la Policía Federal.
El operativo estuvo a cargo del Departamento Unidad Federal de Investigación de Delitos Ambientales, que desarticuló el galpón ilegal donde se elaboraba un producto denominado “MMS-Suplemento Milagroso”.
Según el comunicado de la UFI, se pudo comprobar que el compuesto que fabricaban incluía “cloruro de sodio, dióxido de sodio y clorito de sodio", un “medicamento” que se promociona para el tratamiento o prevención de COVID, pero que es ilegal en el país.
De hecho, el producto era "publicitado y puesto a la venta como antídoto contra el Covid-19, pese a no estar autorizado por el Anmat", según las entidades que intervinieron en el desarme del laboratorio.
Cabe recordar que la investigación se inició luego de la recepción de una denuncia en la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental –Ufima, a cargo de Ramiro González.
La presentación pedía a la fiscalía averiguar sobre la comercialización de este producto que, a raíz de su ingesta, provocó la muerte a varias personas en todo el país y ha sido ampliamente rechazada por la comunidad médica como un fármaco aceptado.
Por lo mismo, se identificó a las personas que promocionaban y vendían el producto prohibido y se constató la existencia de un laboratorio clandestino en Mar del Plata y otros dos ubicados en barrio porteño de Villa Devoto y en Claypole.
A partir de las pruebas obtenidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, a cargo de Ariel Lijo, ordenó el martes último "seis allanamientos donde se identificaron al menos a 5 personas y se secuestraron grandes cantidades de cloruro de sodio”.
También hallaron “dióxido de sodio y clorito de sodio, frascos y rótulos para el posterior envase y comercialización", del producto de manera ilegal dentro del territorio provincial.
Asimismo, se incautaron "dispositivos móviles y portátiles utilizados para las charlas, autopartes y vehículos de dudosa procedencia y demás elementos de interés para la causa", precisó el comunicado difundido en las últimas horas.
Finalmente, dos personas fueron notificadas de la causa y los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado que interviene, para constatar la responsabilidad de quienes manejaban el laboratorio.
LOS POSIBLES RESPONSABLES
El dióxido de cloro está prohibido en el país para la ingesta, así como en gran parte del mundo, ya que puede causar la muerte, tal como se insistió la comunidad científica desde que se instaló como alternativa a las medidas para combatir la pandemia.
Según la investigación, los propietarios de ese lugar estarían relacionados con Andreas Ludwig Kalcker, un presunto médico alemán que se presenta como el descubridor de la solución milagrosa para el coronavirus y promociona el consumo de esa sustancia.
Así, la fiscalía a cargo de González, apuntó su investigación, en parte, contra Kalcker, pero también contra Daniel Leonardo Binello, Daniel Bagalá, Xiomana Tatiana Solnik, Aureliana Manuela Duarte, y al administrador de un perfil de Facebook llamado “Semillas Orgánicas”.
Todos ellos, según el fiscal, “habrían puesto a la venta y/o distribuido y almacenado, con fines de comercialización el compuesto denominado “clorito de sodio”, “Cloruro de sodio” -“CDS”-, y/o “MMS” o “suplemento mineral milagroso”.
Al respecto, González manifestó al juez que las sustancias, tal como lo señaló la ANMAT, “estánprohibidas para la ingesta humana por resultar peligrosas para la salud” acusó a los denunciados de “disimular su carácter nocivo”.
De este modo, según fuentes del caso, el fiscal los denunció por delitos que tienen penas de hasta 10 años de cárcel para el “envenenare, adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud” sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público.
Sin embargo, de comprobarse que el producto que vendía ocasionó efectivamente la muerte de personas, tal como figura en la denuncia penal inicial, la pena que enfrentarían podría alcanzar los 25 años de prisión.
