La ONG de La Plata Abogados por la Justicia Social (AJUS) presentó un pedido de jury para que se destituya al fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, acusado de perseguir de modo ilegal a jueces, magistrados y líderes opositores durante el gobierno de Mauricio Macri.
"Amenazaron, denunciaron y disciplinaron a los magistrados de distintos fueros, principalmente los del fuero penal, civil y comercial, a fin de lograr se dicten procesamientos, allanamientos y detenciones sin sustento jurídico contra opositores o para manipular la opinión pública", apuntaron los letrados de AJUS.
En la presentación ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, la organización sostuvo que Scalera y otros fiscales, con el aval del procurador Julio Conte Grand, “instalaron un sistema de persecución contra opositores a los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal".
En la acusación, AJUS relata que la propia Comisión Provincial por la Memoria denunció ante la Suprema Corte que el fiscal de Lomas de Zamora "montó un sistema de inteligencia ilegal, con fuertes lazos con la Justicia Federal y Provincial para manejar causas".
"Ese sistema posibilitaba intimidar y presionar a magistrados y funcionarios judiciales, cuyas decisiones iban en contra de lo que querían las gestiones gubernamentales de Macri y Vidal", agregaron desde la ONG.
En este sentido, AJUS recordaron que Scalera tenía “la idea fija de meter preso a Pablo Moyano en el marco de la causa por supuesta asociación ilícita para defraudar al club Independiente”.
Es preciso mencionar, que el propio Macri semanas antes de que se conociera el primer pedido de detención ordenado por el fiscal, comenzó su serie de disparos a mansalva contra la familia sindicalista. “Hay que dar las batallas sin tener miedo, no es un momento para dudar», dijo el ex Presidente.
Por esto, los abogados platenses reclamaron que se ordene la recolección de pruebas a un cuerpo de instructores y, por último, comenzar el proceso de destitución, así como lo establece el procedimiento para enjuiciar a magistrados y funcionarios. Es posible que el proceso pueda ocurrir a fines de 2021.
