Un fallo de la justicia Civil y Comercial de La Plata determinó que las cuotas de un plan de ahorro para la compra de un vehículo 0KM o no podrán superar el 20% del salario que percibe el usuario.
En este sentido, la resolución establece que los consumidores que suscriban a un plan de ahorro no tendrán que abonar montos que superen ese porcentaje del sueldo que perciben, calculado sobre todos los conceptos que no incluya el seguro del automotor.
La medida fue dispuesta por la Cámara II de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, en línea con la sentencia del Juzgado Civil y Comercial 18 de la capital provincial, que había sido apelada por las empresas denunciadas, FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados y FCA Automóviles Argentina S.A.
Cabe señalar, que la Defensoría del Pueblo bonaerense acompañó el pedido de los afectados al reconocer que el esquema de estos planes tuvo incrementos por encima de cualquier variable económica que se tome como base de comparación.
“Son cuotas desproporcionadas en relación a los salarios, que se apoyan en cláusulas abusivas con que las concesionarias afectan a los consumidores, que muchas veces se ven obligados a perder todo lo ahorrado”, sostuvo el titular del organismo, Guido Lorenzino.
Además, el Defensor del Pueblo resaltó el valor de este fallo que confirma lo dispuesto en primera instancia al entender que “la mayoría de quienes entraron en un plan de ahorro sufren de este tipo de problemas, que se agravan con la situación económica que estamos viviendo”.
En noviembre pasado, el Juzgado Civil y Comercial N° 6 de Morón había establecido que el valor de la cuota de los planes de autoahorro no podían superar el 25% de los salarios, después de una denuncia del delegado local de la entidad que defiende a los consumidores.
De esta manera, la Defensoría del Pueblo acompañó el reclamo de una persona afectada por la suba de las cuotas de un plan de ahorro contra la empresa Volkswagen S.A de Ahorro para Fines Determinados, que pasaron de aproximadamente 2.500 a 30.000 pesos en tres años.
Luego de que el damnificado indicara que el importe de los últimos pagos equivalía a la totalidad de su sueldo, el tribunal le ordenó a la empresa que se abstenga, por seis meses, a liquidar cuotas que superen el 25% de su salario.
