El Estado se presentará como querellante en la causa que investiga si existió "administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública" contra el expresidente Mauricio Macri, por la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Así lo dispuso el Gobierno nacional, quien instruyó al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para que se constituya como querellante, en representación de la administración pública en la causa que involucra además a otros exfuncionarios.
De esta manera, se estableció por medio del Decreto 239/2021 publicado en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, del ministro de Justicia, Martín Soria y de su par de Economía, Martín Guzmán.
En el artículo primero del decreto se “instruye al Procurador del Tesoro para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado” en la causa que investigará si hubo “defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.
La causa se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal, y, según la disposición el Procurador deberá promover “la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables que podrían haber damnificado al Estado".
Cabe destacar, que el endeudamiento durante el gobierno de Cambiemos con el FMI, fue definido por el presidente Alberto Fernández en marzo pasado como "la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales que nuestra memoria registra".
En ese marco, el Presidente anunció que iniciaría una querella criminal para impulsar la investigación que busca determinar la existencia de esos delitos, a la par que mantiene las negociaciones con el Fondo para reestructurar dicha deuda.
Por todo esto, en el decreto publicado hoy, también se instruye al Procurador "a iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados”.
Del mismo modo, se autorizó a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) "para que determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos” en la deuda.
Alberto Fernández junto al procurador del Tesoro, Carlos Zanini.
Asimismo, el Sigen deberá corroborar el impacto de “los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By, de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios”.
Las autoridades también solicitaron la "colaboración" del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en sus materias de competencia para recabar las pruebas contra la administración estatal del expresidente Macri.
Cabe recordar que, al referirse al inicio de la investigación judicial, en el marco de la Asamblea Legislativa de marzo pasado, el Presidente adelantó que constaría de tres etapas.
El Ministro de Economía junto a la actual titular del FMI, Kristalina Giorgeva.
La primera parte corresponde a la auditoría de la Sigen, después se producirá la confección y presentación de la denuncia por la OA y, finalmente, la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional que encabeza Zannini.
Por lo mismo, el Jefe de Estado había habilitado a “las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes” de la deuda considerada por Fernández como “defraudación”.
De esta manera, la denuncia presentada por el actual Director del Banco Nación, Claudio Lozano, se enfocó en la toma de deuda del 2019 contra Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el predecesor de Lozano, Guido Sandleris, entre otros.
Mientras tanto, el titular del Ministerio de Economía nacional, Martín Guzmán, continúa las tratativas para conseguir la reestructuración de la deuda tomada por el Gobierno anterior que se ubicó en US$53 mil millones con los intereses, a pagar antes del 2024.
