Hartos del silencio y dilaciones por parte del gobierno de Axel Kicillof, los kiosqueros escolares de la provincia de Buenos Aires presentaron 35 denuncias ante la Justicia para exigir la habilitación del protocolo que les permita retomar la actividad en las escuelas.
Desde el sector, radicaron la demanda hacia la Dirección General de Cultura y Educación y en particular contra la Directora de Cooperación Escolar provincial, Rosana Merlos, por incumplimiento de los deberes del funcionario público.
“Hacemos responsable a Rosana Merlos por no reconocer nuestro trabajo, no aprobar el protocolo y demorarlo y, también, por no publicarlo luego de aprobarlo”, precisó a Diputados Bonaerenses Juan Pablo Camarero, uno de los denunciantes.
En este sentido, Camarero indicó que “hace un mes atrás presentamos un amparo y como veíamos que no teníamos novedades, decidimos realizar estas denuncias, cada damnificado por su parte y una general, entre todos”.
Asimismo, referente de Tres de Febrero, adelantó a este medio que “vamos a hacer un reclamo a la Dirección General de Cultura y Educación y a Rosana Merlos por el lucro cesante por el 2020 y lo que va del 2021”.
De esta manera, y tras 17 meses de inactividad, los concesionarios de localidades como Burzaco, Lomas de Zamora, Mar del Plata y Tres de Febrero reclamarán a la Justicia un resarcimiento económico por la cantidad de tiempo en la que no pudieron trabajar.
En consonancia, el dueño de un kiosco en la Escuela Técnica N° 3 de Mar del Plata, Fernando Mendivil, precisó que “ya pasaron varios días y todavía no tuvimos confirmación, entonces al no tener ninguna respuesta no nos queda otra que recurrir a la Justicia”.
Cabe señalar, que las denuncias fueron presentadas a la UFI N° 11 de la ciudad de La Plata, con intervención del Juzgado de garantías N° 2, donde se solicita “la publicación del protocolo de manera urgente”.
El viernes pasado, Merlos les confirmó a los kiosqueros escolares que la habilitación estaba aprobada y sólo faltaba la publicación del anexo en el Plan Jurisdiccional para el acceso seguro a clases.
“Desde Educación nos dijeron que antes de que finalicen las restricciones, el protocolo iba a estar publicado para que cuando arranquen de nuevo las clases podamos empezar a trabajar”, explicó Mendivil.
Sin embargo, los concesionarios manifestaron que la situación planteada por las autoridades bonaerenses es sólo una fachada para evitar darles una respuesta favorable y dilatar la habilitación el mayor tiempo posible.
“Cuando anunciaron que se cortaba la presencialidad, fue una puñalada por la espalda para nosotros, porque lo tomamos como que tuvieron una ventaja para seguir estirando la situación”, aseguró Camarero.
En tanto, el referente de Tres de Febrero sostuvo que “si Merlos publica el anexo al Plan Jurisdiccional, retiraremos la denuncia, pero el plazo que damos es hasta el 30 de abril que es cuando, supuestamente, vuelven las clases presenciales”.
Hasta el momento, la situación de la mayoría de los 7 mil trabajadores de kioscos y bufetes bonaerenses sigue igual, ya que se encuentra suspendida la presencialidad de las clases hasta fin de mes.
A pesar que algunos municipios, como Mar del Plata, se encuentren en fase 4 y, por lo tanto, pueden continuar con la actividad escolar en el aula, los kiosqueros no pueden abrir porque no tienen el visto bueno de la Provincia.
Debido a las medidas restrictivas establecidas por el Gobierno nacional para mitigar la segunda ola de Covid-19 se dispuso, también, el pago de un bono único de $15 mil para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo y monotributistas de las categorías A y B.
Sin embargo, el sector no entra en la adjudicación de este beneficio. “Se lo dan a las categorías más bajas y nosotros somos autónomos o estamos en niveles más altos”, señaló Mendivil quien agregó que “si las clases no vuelven, vamos a pedir un subsidio”.
Respecto a la realidad económica que atraviesan las 40 mil familias de toda la provincia, desde el inicio de la pandemia, Mendivil dijo que “hay compañeros que sacaron el crédito Tasa Cero pero ya no lo pueden pagar”.
“Hasta el momento nos la rebuscamos con los ahorros que nos quedaban, con changas de pinturas, albañilería, vendiendo ropa. No es que no tenemos trabajo, lo tenemos y no nos dejan laburar”, expresó el referente marplatense.
En torno a las pérdidas que sufrieron por no poder abrir durante todo el año pasado, Camarero aseguró que “nos llevaría 36 meses de trabajo recuperar lo perdido en 2020. Ahora hay que comprar mercadería y tenemos que desembolsar como mínimo $400 mil”.
