El Ministerio de Seguridad de la Nación intimó al Gobierno porteño la necesidad de “reforzar las acciones de control” luego de haber recibido varias denuncias vinculadas al incumplimiento de la restricción de la circulación de personas por la pandemia de coronavirus.
Es que, la Ciudad de Buenos Aires no respetó la suspensión de clases presenciales dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia 241/2021 del presidente, Alberto Fernández, y ahora se suma un nuevo pedido del Gobierno nacional para que acate las restricciones.
Por eso, la cartera a cargo de Sabrina Frederic elevó una nota a la Secretaría de Justicia y Seguridad porteña, a cargo de Marcelo D’Alessandro, en el cual se especifican diversas denuncias por incumplir el DNU, que limitó la circulación entre las 20:00 y las 6:00 de cada día.
Según indicó el Ministerio, “del análisis de las denuncias recibidas durante las primeras 72 horas de entrada en vigencia del DNU, los temas más recurrentes refieren a comercios abiertos fuera del horario habilitado”.
Además, la cartera de Seguridad reclamó por la falta de controles a “locales de comida con personas que consumen en el interior del lugar, y por realización de fiestas clandestinas y centros de entrenamiento abiertos que funcionan en espacios cerrados”.
En ese marco, el Ministerio comunicó que “la información da cuenta principalmente del incumplimiento de los locales gastronómicos de atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre entre las 6:00 y las 19:00 horas”.
Ante esta situación, el organismo nacional solicitó a la gestión porteña el incremento de acciones de control a través de la Agencia de Control Gubernamental (ACG) y de los organismos que pudieren corresponder.
El argumento de la cartera es que se debe contemplar que “esta fiscalización redundará en un mayor y mejor cumplimiento de las disposiciones de prevención y contención del COVID establecidas por el Presidente de la Nación”.
Cabe destacar que la Ciudad lleva varios días en disputa con el Gobierno nacional por el DNU que mantiene restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta el 30 de abril próximo, para frenar los contagios de coronavirus.
En ese contexto, y luego de haber presentado un recurso de amparo ante la Corte Suprema que todavía no se resolvió, el Gobierno porteño mantuvo las escuelas abiertas, lo que generó una seguidilla de denuncias penales en su contra.
Concretamente, se presentaron al menos cuatro denuncias penales el miércoles, para que se investigue el accionar del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y que se suman a la iniciada el lunes por la abogada Valeria Carreras.
A la par, la letrada amplió su acusación en el juzgado federal de María Servini y pidió al Juzgado Federal Nª1 que investigue al jefe de Gobierno por "resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad y violación de medidas contra la propagación de una epidemia".
Por otra parte, las dos primeras denuncias del miércoles por "violación de medidas contra la propagación de una epidemia, resistencia o desobediencia a funcionario público y abuso de autoridad" quedaron a cargo del juzgado federal Nº10, de Julián Ercolini.
Una de esas acusaciones la presentaron los abogados Juan Leotta y Darío Liurgo, quienes sostuvieron que el jefe de Gobierno "ha decidido oponerse destructivamente y generarle el mayor caos político posible al Gobierno Nacional”.
Según esta demanda, la intención del Ejecutivo porteño es “conformar a un segmento de la sociedad que exige a gritos presencialidad escolar a como dé lugar (aún en el peor momento sanitario de la historia)".
A su vez, la otra denuncia que está en el juzgado de Ercolini la realizó el abogado Daniel Valmaggia, por "instigación a cometer delito, abuso de autoridad" y violación del artículo 205, que castiga al que no respete medidas para frenar una epidemia.
Además, en el transcurso de la mañana del miércoles, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la ciudad autónoma de Buenos Aires también se sumó a las acciones legales contra Larreta.
En ese sentido, el secretario general de ATE Capital y secretario adjunto de la CTA, Daniel Catalano, denunció al funcionario por "propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, envenenamiento culposo de medicinas y violación de medidas”.
En la presentación judicial, que quedó a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, también se incluyó la acusación por “resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes".
Finalmente, el abogado Adrián Albor denunció a Rodríguez Larreta por "asonada" en una presentación que quedó en el juzgado federal de María Servini. Ahora, los jueces a cargo tendrán que resolver la unificación de las demandas en un solo juzgado.
