El Gobierno nacional presentó en las últimas horas ante la Corte Suprema de Justicia los argumentos que llevaron al presidente Alberto Fernández a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que se dispuso la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por un período de 15 días.
La presentación fue realizada a la medianoche, cuando vencía el plazo de 5 días, por miembros de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), que agrupa a los abogados del Estado Nacional, junto con integrantes del equipo jurídico de la jefatura de Gabinete.
Ahora se espera que el máximo tribunal defina el destino de la escolaridad en la Ciudad de Buenos Aires, luego que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, judicializara la decisión de Alberto Fernández para afrontar la segunda ola de coronavirus.
Entre las principales razones esgrimidas en la presentación, el Gobierno nacional argumenta que en la zona del AMBA se dan actualmente más del 50 por ciento de los nuevos casos de coronavirus, en el marco de la segunda ola que atraviesa el país.
También se detalla que el ritmo de contagio es superior al que se venía experimentando y mayor al que se registra en otras áreas de alto riesgo epidemiológico en el país y se advierte que la saturación del sistema de salud tiene como consecuencia primordial el aumento de las cifras de mortalidad.
"El Gobierno federal comparte el criterio de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe llevarse adelante por el menor tiempo posible, pero en este contexto actual, es deber del Estado abordar medidas de tal carácter, en la protección de la vida y la salud pública", añade el texto.
En tanto, se pide que se cite a la provincia de Buenos Aires dado que la circulación no afecta solo a la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se niega que el decreto afecte "la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires" ni que "lesione derecho alguno", así como que haya "venido a subvertir el orden constitucional".
En la presentación, el Gobierno hace hincapié además en la incidencia de la presencialidad en el transporte público y cita casos como España y Estados Unidos donde las escuelas no permanecieron abiertas "en los momentos de mayor contagio".
Asimismo, el escrito demuestra que "es innegable el crecimiento exponencial de los contagios" en nuestro país en "desde fines de abril" lo que se traduce en un "panorama inquietante con riesgo de saturación del sistema de salud y de aumento de la mortalidad" lo que "justificó las medidas urgentes".
Por otra parte, se resalta que "en forma maliciosa se ha intentado confundir a la población mencionando a las medidas adoptadas como ´la cuarentena eterna´, un término que no refleja la realidad".La presentación incluye, además, un informe elaborado por el Ministerio de Salud con los datos epidemiológicos y los indicadores.
“Subyace en la demanda una mirada negacionista de la realidad y de la grave situación que representa la pandemia”, redactaron en el escrito presentado ante la Corte Suprema de Justicia desde la Procuración del Tesoro, que es el órgano superior del cuerpo de abogados del Estado.
En efecto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sólo tomó como válida la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, que avaló el pedido de regresar a las aulas, a pesar de un fallo posterior de la Justicia federal que instaba a mantener la virtualidad hasta que se expida la Corte.
