La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, querellante en la causa por las torturas de soldados conscriptos en las Islas Malvinas, recurrirá el fallo de la Sala I de la Casación Federal que declaró prescriptibles esos delitos.
En este sentido, desde el organismo bonaerense se precisó que “se irá a la Corte Suprema para revertir el fallo de la Sala I que con las firmas de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña hizo lugar al recurso presentado por la defensa del militar Jorge Ferrante".
“El máximo tribunal anuló el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que había declarado crímenes de lesa humanidad a las torturas cometidas en las Islas y había confirmado el llamado a indagatoria del imputado", expresó la Subsecretaría.
De esta manera, el recurso ante la Corte se presentará con foco en el deber inexcusable que recae en el Estado argentino de investigar y juzgar los crímenes sucedidos hace 39 años en las islas del Atlántico Sur.
Respecto a la decisión judicial, el organismo provincial sostuvo que "es evidente que la investigación y juzgamiento no puede agotarse en un fallo que es arbitrario y no contempla el imperio constitucional, convencional de los derechos humanos".
"Hasta hoy, ni la Casación ni la Corte Suprema se han expedido sobre la cuestión de fondo. El máximo Tribunal tampoco lo hizo sobre la prescripción o no de los delitos imputados", precisó la Subsecretaría.
Vale recordar, que días atrás, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó los procesamientos de tres imputados en la causa donde ratificó que se trataba de delitos de lesa humanidad.
A su vez, el Juzgado Federal de Río Grande citó a prestar declaración indagatoria a otros diez ex militares acusados de cometer actos de torturas contra soldados de su propia tropa.
En ese marco, desde la Subsecretaría remarcaron que "el fallo de Casación que se impugnará no se encuentra firme y, por lo tanto, deberá efectivizarse la toma de las declaraciones indagatorias ya fijadas y continuarse la investigación en curso".
Es preciso mencionar, que el organismo provincial es querellante institucional en la causa, como también lo son quienes integran el Centro de ExCombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata y la Comisión Provincial por la Memoria.
En la misma línea, el Cecim también anunció que acudirá a la Corte Suprema para que se revierta el polémico fallo que anularía las 15 indagatorias dispuestas por la jueza Mariel Borruto.
Desde la organización de excombatientes consideraron que la resolución “reproduce conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido”.
“El fallo es arbitrario, infundado, despótico, contrario al derecho internacional, multiplicador de prejuicios y revictimizante”, aseguró la entidad a través de un comunicado.
En torno a la decisión de los jueces, el Cecim calificó el hecho como “una vergüenza” y acusó a Barroetaveña y Petrone de “reproducir una épica militar y patriarcal” que “no aprobaría un examen de derecho constitucional y/o penal en una universidad pública”.
Cabe señalar, que son 95 militares imputados, acusados por 210 hechos cometidos durante la Guerra de Malvinas, de los cuales 10 se someterían en junio y julio a declaración indagatoria.
En caso que la sentencia quede firme, estas audiencias se suspenderían como así también la resolución de la situación procesal del exgeneral de Brigada Omar Egdardo Parada, indagado el pasado 21 de abril.
También, quedaría en suspenso la elevación a juicio de la causa de los tres primeros procesamientos firmes: el de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.
