viernes 29 de mayo de 2020 - Edición Nº934
Diputados Bonaerenses » Congreso » 1 may 2018

Duros cuestionamientos

Impugnan la candidatura de un cuestionado magistrado a la fiscalía federal de Bahía Blanca

El CELS le pidió al Senado que no avance en la designación de Santiago Ulpiano Martínez por su “falta de cuidado y respeto por la función judicial”.


El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) impugnó la candidatura de Santiago Ulpiano Martínez y pidió a la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside el peronista Rodolfo Urtubey, que no avance en el acuerdo que le reclama el presidente Mauricio Macri.

El reclamo del CELS fue justificado por “falta de cuidado y respeto por la función judicial” de Martínez. “El cuadro generalizado de desorden, atraso y falta de cuidado en que se encontraba la sede judicial se tradujo en una grave crisis en la prestación del servicio de justicia. Esto también se expresó en la falta de organización de todas las causas sobre las cuales debía resolver”, dice el texto firmado su director Gastón Chillier y el director del Area de Litigio y Defensa Legal, Diego Morales.

Los cuestionamientos del organismo de Derechos Humanos se refiere a la actuación de Martínez actuó como juez subrogante al frente del Juzgado Federal 1 bahiense. Cuando el juez federal Alejo Ramos Padilla llegó para hacerse cargo del juzgado que durante tres años había estado acargo del magistrado se encontró con un arsenal disperso sobre escritorios y estantes, 138 kilos de marihuana, 297 cigarrillos armados con esa droga y siete kilos de cocaína.

Cuando analizó los expedientes heredados se topó con detenidos que llevaban meses sin ser indagados, otros con la prisión preventiva vencida y un tercer grupo que por falta de registros ni siquiera se sabía dónde estaba. Para ese entonces, Martínez había sido noticia por garantizar la impunidad de represores y partícipes civiles del terrorismo de Estado.  

Martínez ni siquiera controlaba la posesión de armas de fuego en los domicilios de los represores que gozaban de prisión domiciliaria, se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército. Intervino en la causa contra Vicente Massot y rechazó el pedido de instrucción que hizo el Ministerio Público sin siquiera llamarlo a indagatoria. Durante las tareas de normalización del juzgado, la secretaria informó que no podía acceder al disco donde se hallaban los archivos necesarios para el desarrollo de la causa Triple A, de los que no tenían copia”, enumeró el CELS.

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