Este miércoles comienza a debatirse en la Cámara de Senadores de la Nación el proyecto que busca fijar criterios para regular las medidas restrictivas contra el avance de la pandemia de coronavirus.
En este sentido, se llevará a cabo un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara de Senadores, con el objetivo de llevar la discusión al recinto la semana próxima.
Según informaron desde el Frente de Todos, la reunión fue convocada para las 10 de la mañana a través de videoconferencia, según lo conversado entre los presidentes de ambas comisiones, Mario Fiad y María de los Ángeles Sacnún.
“Lo que se está tratando de aclarar son los riesgos sanitarios de cada provincia o localidad y tomar las medidas como consecuencia de eso", adelantó el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans.
Además, el senador señaló que la idea es que tras el tratamiento en comisión se le dé "el despacho favorable" para "tratarlo la semana que viene" en el recinto de la Cámara alta, "y pasarlo para Diputados" para completar su proceso parlamentario.
El objetivo del Gobierno nacional es que la iniciativa se convierta en ley antes del 22 de mayo, cuando caduca el alcance del último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández.
El documento establece un marco normativo sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para combatir los contagios y tiene como finalidad "proteger la salud pública" y "establecer medidas sanitarias generales que se aplicarán en todo el país".
Asimismo, el proyecto parlamentario hace hincapié en las reuniones sociales, el teletrabajo y el dictado de clases presenciales, aunque cada medida deberá ser consensuada con autoridades provinciales.
En referencia a la iniciativa enviada por el Ejecutivo, el senador nacional Alfredo Luenzo de Chubut somos Todos, aseguró que "es un modo de estandarizar qué es lo que cada uno debe hacer, siempre respetando la decisión de cada uno de los Gobiernos provinciales".
“Hay más de 500 argentinos que se mueren todos los días en Argentina" en el medio de "picos de contagios en una segunda ola, donde el mundo lleva un aprendizaje constante de qué hacer y cómo enfrentarlo", remarcó Luenzo respecto a la importancia del plan.
En la misma línea, y en respuesta a las acusaciones de la oposición, el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, sostuvo que el proyecto "no otorga ninguna clase de superpoderes" al Ejecutivo.
“El documento implica una delegación legislativa", a la vez que "cumple con las exigencias argumentales" establecidas por la Corte Suprema de Justicia sobre la autonomía de los distritos, indicó el magistrado.
Luego de enviar la normativa el Congreso, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó que busca "definir con criterios objetivos las diferentes instancias epidemiológicas" y "parámetros" que permitan que la actividad económica continúe.
En torno al rechazo de Juntos por el Cambio al proyecto oficial, el Jefe de Gabinete sostuvo que "si ellos tienen que cumplir con algún mandato desde Miami, es un problema que lo tendrán que resolver con su conciencia y con el pueblo argentino".
Respecto al repudio y posible voto negativo de la oposición, desde el Gobierno nacional insisten con que exista la posibilidad de que el debate en el recinto genere cambios en el proyecto, basado en un diálogo buscando con los otros sectores políticos.
Sobre qué trata el proyecto
La iniciativa parlamentaria propone una suerte de semáforo epidemiológico con distintos parámetros para dividir los municipios en cuatro grupos: bajo, medio, alto riesgo y alarma epidemiológica.
A partir de estos indicadores, se determinarán las medidas. Además se tomarán como criterios, la cantidad de casos cada 100 mil habitantes, el aumento en los últimos 14 días y la ocupación de camas de terapia intensiva.
De esta manera, se proponen "reglas generales para todo el país en las que se incluyen medidas de prevención, como uso obligatorio de barbijo, ventilación y luego, la segmentación por riesgo epidemiológico".
En las zonas de bajo riesgo "se aplican las conductas generales de prevención" y luego, de acuerdo con diversos criterios sanitarios, que contemplan, entre otros puntos, la incidencia de casos, se subirá en la escala de las medidas.
En lugares designados como "riesgo medio", aparecen otras restricciones como las reuniones en casas particulares.
En aquellos que estén en alto riesgo “se agrega por ley, la prohibición de las reuniones familiares, el cierre de salones de fiesta y gastronómicos, prácticas recreativas en lugares cerrados, bingos, reuniones religiosas y restricciones adicionales de circulación".
"También se plantean medidas adicionales por parte de los gobernadores. Si las medidas no funcionan tras 21 días, se da potestad al Gobierno nacional para tomar decisiones y así evitar pasar a alerta", destaca el documento.
Por último, el estado de "alarma" es caracterizado por la cercanía de una saturación del sistema sanitario, el número de contagios, la velocidad de crecimiento de los mismos y la ocupación de camas de terapia.
