La Cámara de Diputados bonaerense debate el proyecto de ley enviado por el gobernador, Axel Kicillof, que faculta a la Provincia de Buenos Aires para la compra de vacunas contra el coronavirus, por fuera de las gestiones de Nación.
La iniciativa, busca “celebrar los contratos, incluso en moneda extranjera previo informe fundado de la autoridad sanitaria provincial, necesarios para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19”, indica su artículo 1°.
De esta manera, el Poder Ejecutivo faculta a los Ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete, “a adoptar medidas tendientes a la adquisición de vacunas durante la vigencia de la emergencia sanitaria, declarada mediante Decreto N° 132/2020, ratificado y prorrogado”.
Además, la Provincia abre la posibilidad de incluir cláusulas de confidencialidad, inmunidad patrimonial y reclamos pecuniarios, prórroga de jurisdicción a favor de otros tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y la aceptación de ley extranjera aplicable.
El proyecto, también incluye el pago en moneda extranjera y “otras cláusulas acordes al mercado internacional de la vacuna”. Este, fue uno de los puntos donde la oposición puso reparos y reclamó que “sea transparente el proceso” de adquisición de los inoculantes.
“Los acuerdos aprobados en virtud de la presente ley deberán ser informados a la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia en el ámbito de la Honorable Legislatura, creada por el artículo 28 de la Ley N O 15.165, prorrogada por el Decreto N O 1176/2020, con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad que pudieran incluirse”, indica el inciso 5 del proyecto.
En concreto, Juntos por el Cambio pujó hasta último momento por que los organismos de control revisen los contratos y que la parte confidencial de las negociaciones pueda ser monitoreada por una comisión legislativa bicameral.
Según el articulado, los contratos a firmarse deberán pasar por la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría y la Fiscalía de Estado y, una vez firmados, serán informados a la Comisión Bicameral de la Legislatura bonaerense.
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