Abuelas de Plaza de Mayo celebró el rechazo de la Justicia al pedido de libertad condicional del genocida Santiago Omar Riveros, exjefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, quien tiene múltiples condenas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.
El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín tomó en cuenta la preocupación de una docena de víctimas que solicitaron ser escuchadas frente al pedido de Riveros, y resolvió rechazar el planteo del exmilitar a quien, en 2019, se le unificaron las condenas a una pena única de prisión perpetua.
"Cuando nos tocó, por una decisión de un gobierno constitucional, encontrarnos caminando en la calle a asesinos de nuestros hijos e hijas, a ladrones de nuestros nietitos, resultaba tenebroso, incomprensible, pero estábamos en el comienzo de una etapa de democracia”, sostuvo la presidenta de la entidad Estela de Carlotto.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo también expresó que “es el momento de decir que repetir esa historia de impunidad sería tremendo”. “Esta persona no se arrepintió y si pudiera lo volvería a hacer", dijo durante la audiencia ante la Justicia.
Por su parte, el nieto recuperado Manuel Gonçalves Granada, restituido en 1997, recordó a la jueza Silvina Mayorga que "las abuelas y los abuelos tienen la misma edad de estos señores, como Riveros, pero él se calla, y ellas siguen buscando, con el dolor permanente de la desaparición".
Por su parte, Ramiro Menna Lanzillotto, hermano de Maximiliano Menna Lanzillotto, restituido en 2014, señaló el carácter político del pedido, al considerar que "la libertad de Riveros es un mensaje, es un hecho político, no solo un hecho judicial".
En el mismo sentido, Juliana García Recchia, quien encontró a su hermana en 2009, manifestó "que Riveros logre la libertad, además de doloroso sería un insulto muy grande".
Las víctimas insistieron en la falta de arrepentimiento de Riveros por los delitos de lesa humanidad cometidos y la reivindicación que ha hecho del terrorismo de Estado.
La jueza Mayorga entendió que no se encuentran cumplidos los requisitos exigidos por la defensa de Riveros, y que el fallo se apoya en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala que "la ejecución de la sentencia es parte integrante del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares".
