El escándalo del vacunatorio vip que desató el periodista Horacio Vertbisky al revelar que le habían aplicado la Sputnik V por un favor del exministro de Salud nacional, Ginés González García, sumó nuevas pruebas en la causa que investiga el hecho.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que 385 personas, que no eran trabajadores esenciales, se inocularon en el Hospital Posadas sin turno ni prioridad cuando comenzó la pandemia de coronavirus.
En este sentido, la PIA analizó la cantidad de vacunas que ingresaron al país y se distribuyeron en los centros de vacunación e hizo un seguimiento de los que se inocularon entre diciembre de 2020 y febrero de 2021.
De esta manera, el organismo realizó un listado a partir de la base de datos del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC) con todos los inmunizados en el Hospital Posadas con una o dos dosis.
Luego, se comparó esa lista con la de todo el personal que cumple funciones en el nosocomio y se cotejaron los datos con los de la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS).
Esta investigación derivó en que de 4372 personas inmunizadas en el Hospital Posadas, sólo 3789 fueron catalogadas como personal de salud, 19 como personal esencial y cuatro como personas de 60 años o más las cuales pertenecen a la planta de la institución.
En tanto, que las 583 personas restantes que se encuentran categorizadas como trabajadores sanitarios no pertenecerían al nosocomio aunque 198 están registradas en la base de datos del REFEPS.
Entonces, la fiscalía que lleva adelante la causa por el Vacunatorio Vip, tiene la misión de averiguar los motivos por los que los 385 nombres que quedan en el tintero, se vacunaron contra el covid-19.
Vale recordar, que la institución sanitaria es el centro del escándalo que le costó credibilidad al Gobierno nacional porque de allí salieron los fármacos y el personal para inocular a varios políticos y famosos.
Dentro de las figuras que el Ejecutivo publicó días después del escándalo, se encontraban el canciller Felipe Solá, el embajador de Brasil, Daniel Scioli, el procurador del tesoro, Carlos Zanini y su esposa y algunos legisladores.
Tras el hecho, se inició una causa judicial a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti con intervención del fiscal Eduardo Taiano que cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que encabeza Sergio Rodríguez.
Los imputados en el caso son González García y su sobrino, el exjefe de Gabinete de la cartera sanitaria, Lisandro Bonelli como así también el secretario privado del exministro, Marcelo Guillé y el actual subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos, Alejandro Collia.
