La jueza porteña Cecilia Lourido ordenó a una empresa cesionaria de un crédito bancario que suspenda "todo tipo de contacto" relacionado con la supuesta deuda que mantendría una usuaria de tarjetas de crédito.
La cautelar fue dictada a pedido de la mujer, quien sostuvo que sufre un "hostigamiento" por parte de la empresa Creditia Fideicomiso Financiero, quien actúa como cesionaria de un crédito que el Banco Santander Río S.A. "heredó" del Citibank.
La jueza ordenó a la empresa que, hasta que se dicte sentencia definitiva,"suspenda provisoriamente todo tipo de contacto, comunicación telefónica, epistolar, vía correo electrónico, mensajes de texto, WhatsApp y cualquier otro medio ".
La mujer reconoció que en 2016, por dificultades económicas, dejó de abonar el saldo deudor por consumos con su tarjeta de crédito VISA. Al promover el amparo invocó normas constitucionales, nacionales y locales que prevén un trato digno al consumidor.
La mujer expuso que desde marzo último viene recibiendo llamados telefónicos y correos electrónicos de un gestor de cobranzas, dirigidos no sólo a ella sino también a sus familiares, amigos y empleador.
La deudora afirmó que por aplicación de intereses moratorios y compensatorios su deuda "creció exponencialmente", y que por eso inició un proceso de mediación prejudicial, pero que la otra parte no concurrió a la audiencia que había sido fijada para mayo.
Luego de ese frustrado trámite se habrían enviado correos electrónicos a destinatarios ajenos a la deuda, entre los que figuran su hermano, su madre, su pareja, la ex pareja de éste, la firma donde trabaja y, dentro de la misma, a distintos directivos y jefes.
La jueza recordó que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece para los consumidores y usuarios de bienes y servicios, entre otros derechos, el de un "trato equitativo y digno", y que la de la Ciudad de Buenos Aires prevé similar protección.
