El Gobierno nacional oficializó la reglamentación de las leyes de Interrupción voluntaria del Embarazo (IVE) y de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida también como de los 1000 días, sancionadas en diciembre pasado.
La medida se publicó en el Boletín Oficial de este sábado y dispuso las pautas para el acceso a un aborto legal seguro o bien la garantía de la atención y cuidados necesarios en los primeros mil días del bebé por parte del Estado.
En ese sentido, el Ejecutivo reglamentó la ley IVE a través del decreto 516/2021, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, la ministra de salud Carla Vizzotti, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la titular de la cartera de Mujeres y Géneros, Elizabeth Gómez Alcorta.
La Ley, Nº27.610, sancionada el 30 de diciembre de 2020, prevé el acceso seguro a un aborto en todas las instituciones sanitarias del país, por lo que la reglamentación estableció como autoridad de aplicación de la norma al Ministerio de Salud.
Si bien el decreto tiene sólo tres artículos, el primero de ellos es el más importante porque aprueba el anexo con las reglamentaciones de la ley aprobada en el Congreso durante la sanción de la normativa.
El anexo en cuestión contiene los detalles de la reglamentación "del acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y de la Atención postaborto" y lleva la firma de la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado.
Dicha reglamentación precisa de qué manera se va a llevar a la práctica el "ejercicio del derecho a la confidencialidad" como también se establecen "las condiciones de otorgamiento del consentimiento informado".
También se incluyó un apartado sobre cómo se aplicará la norma en el marco de "la situación de las personas con capacidad de restringida" y se fijaron "los supuestos en los cuales los o las profesionales de la salud no podrán alegar objeción de conciencia".
“El personal de salud no podrá negarse a la realización de la IVE, cuando la práctica deba realizarse en forma urgente, pues su no realización inmediata pondría en riesgo la salud física o la vida de la persona gestante", afirmó el decreto.
Otra de las obligaciones que establece la reglamentación es "el deber de confidencialidad" que debe cumplir "toda persona que acceda a la documentación clínica de las prestaciones reguladas" por la ley de aborto legal.
En ese aspecto, ningún profesional de la salud "podrá entregar información obtenida en el marco de la atención sanitaria a ninguna persona, salvo que exista orden judicial expresa".
La ley de los mil días
Por otra parte, el Gobierno nacional reglamentó la ley Nº27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida también como de los 1000 días, a través del decreto 515.
La normativa publicada este sábado se oficializó con la firma del Presidente y sus ministros Cafiero, Vizzotti y Gómez Alcorta, a demás del titular de la cartera de Trabajo, Claudio Moroni y su par de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.
En específico, la reglamentación prevé que "a los fines de garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones establecidos" en la ley de los mil días "resulta necesario el cuidado integral por parte de la Autoridad de Aplicación", que en este caso corresponde al Ministerio de Salud.
En esa línea, el decreto también dispuso que la cartera sanitaria deberá "establecer las prestaciones que brindará el sistema, definir su cobertura y/o su inclusión en el Programa Médico Obligatorio".
A la par, el Ministerio a cargo de Vizzotti también tendrá que elaborar "un Plan Nacional de Implementación" con un cronograma público a cumplir en los próximos meses, para garantizar el acceso a los cuidados prenatales.
Por otra parte, la normativa precisó los montos y competencias para cumplir con los distintos artículos de la Ley de los mil días, que en uno de sus apartados fundamentales creó la Asignación por Cuidado de Salud Integral.
En este último caso, se trata de un pago una vez por año de "una suma a las personas por cada niño menor de tres años que se encuentre a su cargo, siempre que hayan tenido derecho al cobro de la AUH y acrediten el cumplimiento del plan de vacunación y control sanitario".
