El diputado nacional por Unidad Ciudadana, Fernando Espinoza, trasladó la discusión provincial por el desembarco de Farmacity al Congreso y presentó un proyecto para limitar la autorización a sociedades anónimas o colectivas de instalar farmacias.
La iniciativa propone derogar el artículo 13 del decreto 2284/91 o de desregulación económica, que indica que “cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza podrá ser propietaria de farmacias, sin ningún tipo de restricción de localización“.
En esa dirección, se subraya el hecho de que “el medicamento es un bien social que integra el derecho a la salud (como prescribe el artículo 36 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires) y por lo tanto su comercialización debe ser regulada por los gobiernos provinciales”.
Por otra parte, se remarca que “debe ser reglada racionalmente” la instalación de farmacias para que estén distribuidas en todo el territorio, “sin que una empresa de mayor envergadura desarrolle prácticas predatorias mediante una competencia agresiva que destruya a los pequeños y luego lucre con un mercado cautivo, cuasi monopolizado“.
El proyecto fue girado a las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Legislación General, ambas presididas por diputados de Cambiemos.
