La Justicia ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti reabrir la causa penal que investiga los delitos cometidos por el vacunatorio vip, y profundizar las pesquisas sobre los inoculados que recibieron las dosis contra el coronavirus de manera anticipada.
La causa se había iniciado en febrero pasado, cuando estalló el escándalo del vacunatorio vip en plena pandemia en el Ministerio de Salud nacional, que terminó con la salida del entonces titular de la cartera, Ginés González García.
En ese marco, luego de que la jueza resolviera cerrar parcialmente la investigación porque no había delito, la Cámara Federal ordenó reabrir la causa archivada del caso conocido como vacunatorio vip, a dos semanas de las PASO.
La medida se tomó en favor del fiscal del caso, Sergio Rodríguez, quien apeló la decisión de la magistrada. La Cámara le dio la razón y dispuso que Capuchetti debe profundizar la investigación sobre la responsabilidad de los funcionarios que habilitaron el vacunatorio.
A la par, el tribunal ordenó investigar penalmente a todos los que recibieron esas vacunas dentro del Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas para esclarecer cómo y por qué llegaron a acceder a la aplicación anticipada de la vacuna.
Por otra parte, en el fallo dispusieron investigar las dosis que fueron destinadas a la ciudad santacruceña de El Calafate. El fallo estuvo a cargo de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
El tribunal hizo lugar al planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, para que parte de la investigación no quedara archivada y además validaron su legitimidad para actuar en la causa, pese a las protestas de las defensas.
La resolución estableció que el orden de prioridades para darse la vacuna no era simultáneo para personal de salud, mayores de 60 años y personal estratégico y subrayó que, en ese momento, las vacunas eran “un bien escaso” que el Estado debía administrar.
“Será necesario indagar -siguiendo el esquema que la causa trazó tras la decisión aquí revisada- qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”, aclararon los jueces.
A su vez, el fallo plantea que los que recibieron las vacunas podrían ser partícipes del delito que se investiga “máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados”.
En esa línea, la Cámara Federal dispuso revisar si la vacunación vip “fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”.
Cabe destacar que en la lista de vacunados VIP aparecen el periodista Horacio Verbitsky, el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” González y las hijas de ambos, el diputado Eduardo Valdés, el exministro de Salud González García y varios empresarios amigos suyos.
Con la decisión de la Cámara Federal, la jueza Capuchetti deberá profundizar la investigación sobre aquellos que permitieron que allegados al Gobierno y funcionarios se vacunaran contra el coronavirus sin respetar el turno correspondiente.
Antes, la magistrada había entendido que no estaba claro el delito a investigar, más allá de los cuestionamientos éticos que aparejaba la existencia de una vacunatorio para amigos del poder, por lo que dispuso archivar parcialmente la causa.
Hasta el momento, los imputados en la causa por el fiscal del caso, Eduardo Taiano, fueron el ex ministro de Salud y su sobrino y ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli.
El escándalo estalló cuando el periodista Horacio Verbitsky contó que "su buen amigo Ginés" lo ayudó a vacunarse sin turno.
En ese sentido, también se imputó a Alejandro Collia y Marcelo Guillé, el secretario privado de González García y quien realizó llamados para convocar a los vacunados VIP al Ministerio de Salud.
Por su parte, Collia, que era funcionario de González García, continúa -en la gestión de Carla Vizzotti- como subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos de la cartera de Salud de la Nación.
El 8 de julio pasado, Capuchetti decidió archivar parcialmente el caso al afirmar que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”.
Asimismo, la magistrada entendió que las autoridades sanitarias establecieron un plan para vacunar contra el coronavirus que permitía una simultaneidad en la inoculación para los grupos prioritarios.
Con ese argumento, la jueza había decidido archivar la investigación sobre 65 de las 70 personas que integraban la lista hecha por el Gobierno nacional de los que recibieron dosis de la Sputnik V cuando no había una convocatoria abierta.
“La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no implica automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado pero no pueden, por sí solas, hacernos dejar de lado los límites de la función que tenemos”, concluyó Capuchetti.
La resolución de Capuchetti no fue apelada por el fiscal Taiano. En cambio, sí apeló la decisión el fiscal Sergio Rodríguez, que encabeza la unidad de la Procuración General de la Nación (PIA) especializada en casos de corrupción.
La apelación de Rodríguez recibió el respaldo de José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal quien también había solicitado que se profundice la investigación por el Vacunatorio VIP.
”Al momento de efectuarse las inoculaciones por fuera del programa oficial, según lo consideramos, aún existía parte del personal de salud a la espera de su turno para vacunarse”, había dicho Rodríguez al solicitar a la Cámara Federal que se revea el cierre parcial de la causa.
Finalmente, la Justicia Federal otorgó el aval a Rodríguez y ordenó a Capuchetti reabrir la investigación penal sobre los 65 involucrados en el vacunatorio vip que habían sido liberados de responsabilidades.
