Apenas tres días antes de que el pesquero Rigel perdiera contacto con las autoridades de la Prefectura Naval Argentina, en la Cámara de Diputados de la Provincia se debatía un proyecto para endurecer los controles en el puerto de Mar del Plata. Sin duda, una fatídica coincidencia que alimenta esa idea de que de la actividad legislativa -en la mayoría de los casos- corre detrás de los hechos.
La iniciativa parlamentaria fue presentada en septiembre del año pasado por la diputada marplatense Alejandra Martínez y tuvo su génesis en otra tragedia que se vivió en el puerto de la localidad bonaerense. El texto fue trabajado en conjunto con los familiares de los tripulantes del pesquero Repunte, que en junio de 2017 se hundió también en las costas de Rawson (Chubut) y dejó el salgo de 9 marineros fallecidos.
En este sentido, la norma tempranamente advierte que “ante los reiterados siniestros de navegación en los que son partícipes embarcaciones con sitios de atraque en Mar del Plata” es necesaria “una reacción urgente por parte del Estado Provincial para que se tomen medidas dirigidas a exigir el cumplimiento de todas las medidas de seguridad”.
El dato no es menor, cuando a horas de la desaparición del pesquero Rigel –que es buscado intensamente por Prefectura- la esposa de uno de los tripulantes reveló que la nave se encontraba “en malas condiciones” y que su marido antes de zarpar le dijo que “tenía miedo de que le pasara algo”.
Otro antecedente posterior al hundimiento del Repunte también puso en alerta a los marinos marplatenses que temían que sobreviniera otra tragedia. En ese caso se trató de un “rozamiento” entre dos pesqueros que fue ocultado a las autoridades navales y de haberse omitido podría haber puesto en serios peligros a la tripulación de uno de los buques.
Con estos hechos sobre la mesa, Martínez comenzó a elaborar el proyecto que el miércoles pasado recibió despacho de mayoría en la Comisión de Intereses Marítimos Purtuarios y Pesca, que preside el oficialista Diego Rovella. Ahora deberá pasar por otras dos comisiones antes de llegar al recinto de la Cámara baja.
En concreto, la iniciativa impulsa la modificación del decreto de 1999 a través del cual se creó el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata agregando entre las funciones “denunciar los actos, circunstancias y conductas que importen una infracción a la Ley nacional de pesca”. El de Mar del Plata es el principal puerto pesquero de la Argentina.
A su vez, la norma propone “confeccionar un legajo de cada una de las embarcaciones con atraque permanente en el muelle” donde se asienten todos los controles a los que son sometidas, los permisos de navegación, composición de su tripulación y condiciones de seguridad. Cualquier anomalía detectada deberá ser comunicada de inmediato.
Ahora la pregunta que deja sobrevolando la desaparición del Rigel es si la iniciativa llegará a sancionarse antes de que ocurra otro incidente de esta naturaleza.
