La Defensoría de Casación provincial, a cargo del doctor Mario Coriolano, presentó ayer en Diputados su registro anual de casos de apremios en cárceles y comisarías bonaerenses y alertó sobre la ausencia de políticas de Estado.
“Siempre entendimos que uno de los destinatarios privilegiados de esta información eran los legisladores. Los niveles de torturas en la provincia son muy preocupantes. Creemos que hay temas en lo que se ha avanzado y otros en lo que se ha retrocedido”, destacó Coriolano.
De acuerdo al informe entregado ayer a la Comisión de Derechos Humanos, que preside el diputado Miguel Funes, en 2017 se detectaron 682 hechos de torturas en celdas de la provincia de Buenos Aires. De ese total, 456 fueron cometidos por Policía Bonaerense y 163 casos por el Servicio Penitenciario.
“Creemos que es una obligación tener este tipo de registros para dar visibilidad y ayudar a provocar cambios. Nuestro trabajo fue destacado pero también atacado, por eso es muy importante que nos reciban los diputados”, explicó Coriolano.
El Registro de Casos de Torturas y Tratos Inhumanos de la Defensoría surge en 1999 “como reacción al recrudecimiento de las políticas de mano dura en la provincia”. “Cada vez nos llegaba más información de brutalidad policial. Suponíamos que dándole visibilidad lo íbamos a desmontar pero lamentablemente no fue así”, detalló Coriolano.
El informe se confecciona a partir de los datos aportados por defensores oficiales de toda la provincia. El organismo dependiente del Ministerio Público aún tiene el desafío de lograr que todos departamentos judiciales remitan la información. Un caso paradigmático es el de La Plata que “nunca mandó una planilla”.
En este sentido, la presentación del registro en Diputados tiene como finalidad otorgarles a los legisladores un diagnóstico no exhaustivo de la situación en las cárceles bonaerenses que les permita empezar a trazar respuestas concretas.
“Hay muchos pedidos de informes que presentamos y están frenados, pero de todas maneras queremos proponerles al resto de los pares que acompañen un proyecto de declaración que pone en relieve el trabajo de este informe”, sostuvo Funes.
De los diputados que integran la Comisión también estuvieron presentes los oficialistas Sandra París, Liliana Denot, Emiliano Balbín y el legislador del FIT, Guillermo Kane. “Nos parece muy importante este problema por eso hemos presentado un pedido de interpelación del ministro de Seguridad para discutir las condiciones de hacinamiento y tortura”, aseguró Kane.
La encargada de recoger el guante por parte de la bancada oficialista fue Paris. “Corresponde que reconozcamos que hay temas en que se han avanzado en los últimos dos años. Hoy tenemos 10 mil efectivos de la Policía que fueron exonerados, en el Servicio Penitenciario 347 personas que fueron apartadas y se está trabajando para poner en el centro de la escena a las víctimas”, argumentó la radical.
