A través de una resolución, la Suprema Corte bonaerense advirtió a los legisladores provinciales sobre el impacto económico que generaría la sanción del proyecto de María Eugenia Vidal que modifica la Ley de Procedimiento Laboral.
La norma propone una serie de cambios a un fuero apuntado desde Cambiemos por su “elevado índice de litigiosidad”. También prevé la creación de una Cámara de Apelaciones en lo Laboral en diferentes Departamentos Judiciales de la Provincia.
En este sentido, las últimas semanas desde el Colegio de Magistrados señalaron que “la iniciativa propuesta, lejos de solucionar los problemas que denuncia, tiende a profundizarlos”. Lo mismo opinaron diferentes jueces laborales.
En la resolución con fecha del 4 de Julio, los integrantes del máximo tribunal detallaron que “será necesario oscilar entre 850 y 1.000 cargos adicionales” y “la construcción de 20 mil metros cuadrados de espacio”.
Esto representaría, de acuerdo al cálculo de los magistrados, en costos anuales “aproximadamente $971 millones en el rubro de personal, además de más de $37 millones en gastos de alquileres”.
Al mismo tiempo, desde la Corte bonaerense pidieron que “los distintos actores del sistema judicial aporten sus experiencias y propuestas, fundadas en datos de litigiosidad, perspectivas de crecimiento y disponibilidades económicas”.
