domingo 20 de octubre de 2019 - Edición Nº712
Diputados Bonaerenses » Legislatura » 21 jul 2018

Legislatura bonaerense

¿Estatizar o liberar? Piden discutir el millonario negocio de la VTV y el grabado de autopartes

Hay un proyecto del massismo que duerme en comisiones desde hace meses. El kirchnerismo redacta otro. Acusan a Cambiemos de frenar el debate.


La oposición en Diputados busca poner en agenda la discusión de dos cuestionados negocios millonarios que se encuentran en manos privadas en la provincia. Se trata de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el grabado de autopartes.

Si bien todavía no hay consenso en la forma, bloques de la oposición ya presentaron iniciativas que buscan debatir dos ejes centrales: cómo reducir los elevados costos que pagan los bonaerenses y de qué manera mejorar el servicio.

En este sentido, los caminos son contrapuestos pero coindicen en el agotamiento del sistema actual. ¿Liberar o estatizar? Mientras que desde el massismo plantean la apertura del mercado, en el kirchnerismo se inclinan por la conformación una empresa estatal.

Los dos textos ingresados en años anteriores apuntan a modificar el marco regulatorio de la VTV. En el caso del grabado de autopartes, todavía no hay iniciativas formales aunque desde la bancada de Unidad Ciudadana adelantaron a Diputados Bonaerenses que trabajan en ello.

 

Un sistema “monopólico, exclusivo y excluyente”

 

El diputado de Saladillo Ricardo Lissalde presentó a comienzos del año pasado un proyecto que todavía duerme en comisiones que preside el oficialismo. El objetivo que propone es “salir” de un sistema que califica como “monopólico, exclusivo y excluyente”.

Nos parece que las concesiones que arrancaron con el modelo Duhaldista de hace 20 años, cumplieron una etapa. Eso fue repartirse el parque automotor entre varios amigos para mantener a los ciudadanos cautivos. No se tuvo en cuanta al usuario y se priorizó el concedente”, detalló Lissalde a este portal.

La intención es abrir el mercado para facilitar el ingreso de nuevos actores privados -cualquier tallerista que cumpla con los requisitos impuestos por la normativa- para lograr una mayor inmediatez entre el titular y la planta, alcanzar un mayor nivel de cobertura territorial y bajar los elevados costos que se pagan en la actualidad.

Al usuario necesitamos darle la tarifa más barata posible, que los talleres queden cerca y que deje de ser un mercado monopólico.  La primera finalidad tiene que ser el usuario y no los concesionarios. La actividad no es menos compleja que poner una clínica”, amplió el diputado massista.

El texto durmió todo el 2017 en la Comisión de Servicios Públicos, que preside César Torres, por eso Lissalde pidió el pase a Transporte con “pronto despacho”, también en manos de otro legislador de Cambiemos, el necochense Martín Domínguez Yelpo. En paralelo, pidió hace siete meses una audiencia con el Subsecretario de Trasporte de la Provincia, Mariano Campos, la cual nunca fue respondida.

Todavía duerme en el pasillo de los justos. No podemos no debatir el tema, estamos con los contratos vencidos, eso beneficia a los concesionarios con la prórroga de hecho. Es ridículo que estemos cautivos. Los usuarios sienten que le están robando la plata y no que están más seguros”, cuestionó.

 

Estatizar para invertir en un plan de desarrollo de rutas

 

El otro antecedente legislativo es un proyecto de declaración del diputado kirchnerista Walter Abarca, presentado en 2015 y aprobado en la Cámara baja a finales del año pasado. El texto insta al Ejecutivo provincial a que “analice la posibilidad de prestar de manera directa el servicio”.

En sus fundamentos, remarca que “actualmente no hay una planificación ni avances en la mejora del servicio, tampoco se realizan inversiones en instalación de nuevas plantas que se traduzcan en reducción de distancia, tiempo y costos”. Según el propio Abarca la idea fue valorada por el oficialismo pero finalmente no prosperó.

Ahora, el diputado también de Saladillo, trabaja en la redacción de un proyecto de ley que contemple esa idea. Según informó a Diputados Bonaerenses, ya contaría con el respaldo de una decena de intendentes peronistas que miran con preocupación las quejas de los vecinos por el servicio.

La idea es simple pero se presentan diferentes interrogantes a la hora de su implementación. “Se pueden estatizar los dos servicios creando una empresa estatal. Todos esos recursos centralizarlos en los municipios y que sean ellos los encargados de brindarlos”, precisó Abarca.

Como ejemplo de modelo exitoso de gestión estatal el diputado kirchnerista pone a BAGSA. Creada en 2006, la distribuidora de gas de la Provincia presta servicios en 27 distritos bonaerenses. Por estas horas, exploran la conformación que tendría la empresa para determinar si las comunas participarían o no.

La idea central es que lo recaudado vaya a un fondo fiduciario vial, para que con ese flujo de fondos se pueda endeudar, para poner en marcha un plan de desarrollo de rutas en la provincia de Buenos Aires. Repavimentar, como hacer más rutas nuevas”, explicó Abarca.

 

¿Y el grabado de autopartes?

 

Desde el kirchenismo adelantaron que trabajan en la redacción de un texto que también proponga la estatización de este servicio concentrado en unos pocos privados. En tanto, por el lado del massismo todavía no hay indicios de presentación de proyectos.

Es también un gran negocio de cuatro amigos y también tiene puntos oscuros. Es ridículo que las plantas que verifican no puedan hacer el grabado, como también que las autopartes no vengan grabadas de fábrica ¿Porqué no se genera eso?”, interrogó Lissalde.

En esta dirección, el grabado de autopartes fue establecido por una ley aprobada en la Legislatura en 2011 a instancias de la diputada, en ese entonces del PRO, Nancy Monzón. El sistema de trazabilidad e identificación con el dominio en puertas, baúl y capot busca evitar que las piezas producto de una actividad delictiva puedan ser comercializadas.

De esto se desprende una inquietud central. ¿Porqué los titulares de vehículos tienen hacerse cargo de una erogación que resulta de la incapacidad del propio Estado de poder controlar el robo automotor?

Las dos opciones podrían ser que sean las automotrices las encargadas de identificar las piezas, como ocurre en el caso de los cristales, con el número de chasis; o que sea el propio Estado el que se haga cargo de los costos.

“Se le puede poner trazabilidad con el número de chasis. Porqué no se le exige a las automotrices o importadores que las autopartes no venga grabado de fábrica. No lo hacen para que el curro no se termine”, evaluó Lissalde.

NOTICIAS RELACIONADAS

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias

VIDEOS