Dos días después María Eugenia Vidal le pidiera la renuncia “preventiva” a la contadora general de la provincia y tesorera del PRO bonaerense, Fernanda Inza, apuntada por el escándalo de los aportes truchos, Cambiemos ingresó a Diputados la nueva Ley de Financiamiento Político.
El texto, que venía trabajando la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, prevé la bancarización de los aportes -que en su gran mayoría se realizan en efectivo-, la legalización de las contribuciones de empresas con tope y mayores controles para evitar lavado de dinero.
Según explicaron plantea “modificaciones sustanciales” a la Ley 26.215, además de cambios puntuales al Código Nacional Electoral y a la Ley Orgánica de la Justicia Nacional Electoral. Si avanza, los aportes sólo podrán vía transferencia bancaria, cheques, tarjetas de crédito o débito.
Como novedad, el proyecto admite aportes de empresas -prohibidos en la actualidad-, aunque con un tope del 2% sobre el total de los gastos permitidos para un partido, de modo tal de evitar que una persona jurídica pueda “comprar” una campaña.
Otra de las reformas introducidas es la creación de un registro de empresas que provean publicidad en la vía pública, controlado por la Cámara Nacional Electoral (CNE). “Se busca hacer más sencillo y eficiente el control sobre el destino de los gastos, evitando la presentación de facturas apócrifas”, detalla el borrador.
También se propone que la CNE, la UIF (Unidad de Información Financiera), la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), la AFIP, la ANSES, la IGJ (Inspección General de Justicia) y la OA (Oficina Anticorrupción) estén obligados a colaborar con la Justicia Electoral.
Las agrupaciones políticas que se presenten a elecciones deberán designar dos “responsables económico-financieros”, que serán los encargados de la rendición de aportes y gastos. Otro punto es que se amplía de 15 a 30 días el plazo de prohibición actualmente vigente para la realización de actos de gobierno.
Los partidos que violen el régimen de financiamiento y que no cumplan con las consecuentes sanciones no podrán acceder a los aportes extraordinarios previstos en la ley para cubrir gastos no electorales.
En otro orden, se crean 17 nuevos cargos en el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Electoral, “con el fin de mejorar sustantivamente el control del financiamiento”.
