Corría el 2010 cuando la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del por entonces todo poderoso peronista Horacio González –que en 2017 dejó su banca después de 20 años- dictó una polémica resolución que abrió una disputa judicial que duró más de media década.
En ese entonces, el debate de la separación de la Iglesia y el Estado no ocupaba el rol protagónico que tomo en el último tiempo producto de la discusión por el aborto legal. Ahora en el Congreso de debate la remoción de los símbolos religiosos, el sueldo de los Obispos y en la Legislatura ingresó un proyecto que la Iglesia pague impuestos.
La cuestionada resolución disponía la entronización y exhibición permanente de la imagen de la Virgen de Luján en el Hall del Palacio Legislativo de calle 53. Pero rápidamente la medida fue impugnada por la Asociación de los Derechos Civiles ante Juzgado Contencioso Administrativo N° 1.
Los argumentos utilizados son los mismos que se esbozan en la actualidad. Palabras más, palabras menos, la presentación afirmaba que exposición de un símbolo del catolicismo viola el principio de neutralidad religiosa del Estado, el de igualdad y el de no discriminación respecto al ejercicio del derecho a la libertad de conciencia.
Quien seis años después le pondría punto final a esa primera batalla sería el recientemente destituido juez Luis Federico Arias. “Existen claras manifestaciones estatales que reconocen que la cultura cristiana se encuentra fuertemente enraizada en nuestra costumbre institucional”, aseguró el magistrado.
Como ejemplos en el fallo se mencionaban “la práctica de celebrar misas en ocasión de algunos actos gubernamentales, la presencia de autoridades religiosas en actos protocolares, la declaración como feriados de fechas en que se conmemoran festividades de la religión católica, sin importar ello una discriminación hacia otras religiones”.
Asimismo, Arias afirmaba que “la Virgen de Luján, además de un símbolo religioso, es también considerada un emblema incorporado a nuestra cultura nacional. Hay imágenes de ella en los mercados, en autos y camiones, en las casas, en los taxis, oficinas y hasta en las billeteras”.
Por último, el magistrado aseguraba en su fallo que “no advierto que la exposición de un símbolo religioso en las paredes de un salón de la Legislatura bonaerense pueda tener alguna influencia en las decisiones que los diputados deban adoptar en ejercicio de sus funciones”.
