Es un reclamo de las organizaciones de mujeres que lleva más de 15 años. La ley N° 25.929 de parto humanizado se sancionó en 2004 y recién fue reglamentada en 2015. Sin embargo, pese a estar vigente, tiene un cumplimiento bajo en el país.
Según el último informe del Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO), de la organización Las Casildas, sobre casi 5000 nacimientos, más de la mitad no se sintieron contenidas, padecieron trato deshumanizado o fueron increpadas por llorar de dolor.
La misma realidad se aplica para la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a las organizaciones de mujeres, la tasa de cesáreas en los hospitales públicos bonaerenses supera en un 30% las indicaciones de la OMS. En las clínicas privadas trepa a un 80%.
Con este escenario, ayer la Comisión de Salud Pública de Diputados dio el visto bueno a la adhesión a la ley nacional, que ya cuenta con media sanción de la Cámara alta bonaerense. De hecho, existen antecedentes de 2016 en la Legislatura.
“Es un gesto político y simbólico para que la atención cotidiana de los partos se modifique”, dijo Belén Castrillo socióloga e investigadora del Conicet en Diálogo con Diputados Bonaerenses luego del encuentro.
El avance de la iniciativa en Salud Pública estuvo rodeado de un debate sobre técnica legislativa que abriría una virtual posibilidad de que la adhesión sea vetada. Sin embargo, finalmente el avance encontró consenso y fue apoyada también por el oficialismo.
“Tanto el Ministerio de Salud como todos los legisladores decidimos acompañarla. Si bien esta ley de orden público no necesita que la Provincia adhiera por mayoría se resolvió que simbólicamente pongamos el tema en escena”, remarcó Alejandra Lordén a este portal.
Desde la bancada de Unidad Ciudadana uno de las fuerzas que insistió con la importancia de su sanción valoraron el avance. “La violencia obstetricia es una realidad en la provincia, así como el acceso de las mujeres a un parto humanizado”, señaló Lucía Portos.
“Tenemos la obligación de legislar en este sentido. Hay que superar todos los remilgos jurídicos que se interpongan. En términos simbólicos es muy importante. Es mejor tener la ley que no tenerla, se vuelve un derecho accesible”, remarcó la legisladora a este medio.
A rasgos generales, la ley promueve el respeto a la familia y que se la acompañe en la toma de decisiones seguras e informadas. Asimismo, evitar el intervencionismo médico, como la tendencia a ponerle goteo a la mujer, dejarla inmovilizada durante el preparto o practicar cesáreas innecesarias.
