En medio de las críticas por “el desmantelamiento de los programas de niñez” en la provincia, la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes impulsado por la legisladora Susana González para que el gobierno de María Eugenia Vidal de cuenta sobre el estado de situación de los organismos que protegen la infancia.
Según los fundamentos del texto sancionado, existen “limitación de vacantes, falta de presupuesto, cierre de programas oficiales, la falta de hogares de salud mental y de centros de tratamientos para problemáticas de consumo en jóvenes de 11 a 14 años”.
Días atrás, este medio reveló las condiciones de los trabajadores del servicio de Niñez en Olavarría, quienes se manifestaron en el Concejo Deliberante por el “abandono y la fuerte precarización laboral”.
En la mayoría de los casos los profesionales se encuentran encuadrados bajo contratos temporarios y sufren reiterados atrasos salariales. Irónicamente esta sede fue la primera del territorio bonaerense en crear el Servicio de Protección de la Niñez.
Estas trabas al momento de encontrar una contención del Estado toman mayor relevancia en el marco de la crisis económica que atraviesa al país. Según el último relevamiento de la Universidad Católica Argentina (UCA) en el conurbano bonaerense, el 54,2% de los chicos es pobre y el 37,7% recibe alimentos de comedores.
En este contexto, el proyecto de González reclama saber el “presupuesto designado exclusivamente para el área de promoción y protección de derechos, la cantidad de hogares para niños, niñas y adolescentes especializados en salud mental, Programas terapéuticos y tipos de becas y subsidios que se brindan”.
