Aunque con cambio de planes, los isleños hicieron sentir su voz este fin de semana en la estación Fluvial de Tigre. En un principio, la movilización tenía como destino la Dirección Provincial de Islas, pero enteradas de la medida las autoridades no abrieron sus puertas ¿otra negativa al diálogo?
“La gente en la isla depende del transporte para buscar agua potable, estudiar, trabajar, ir al hospital y muchas otras cosas. Hay gente que construyó su vida acá y desde el gobierno provincial, están queriendo despoblar al Delta”, expresó María Eugenia Fernández Romero de la ONG Unidad Isleña.
De todas maneras, los habitantes del Delta bonaerense reclamaron una audiencia urgente con María Eugenia Vidal, la sanción de una ley que implemente subsidios al trasporte fluvial y el uso de la tarjeta SUBE, y la regularización de decenas de trabajadores de las lanchas. Esta lista de puntos viene siendo pedida desde el inicio de la gestión Cambiemos.
“Vivimos una crisis de hace mucho tiempo. Pedimos por los recursos para que se arreglen las lanchas, las condiciones laborales de los trabajadores, las frecuencias horarias y el aumento de la tarifa. Esto llegó a un límite”, amplió Fernández Romero.
El pedido de audiencia responde al deterioro de las relaciones de los isleños con los funcionarios bonaerenses, encabezados por el subsecretario de Trasporte Mariano Ocampos. El represente de Vidal había prometido en persona avanzar con los subsidios para las cerca de 100 lanchas colectivos que trasportan a los 15 mil habitantes.
Pero en las últimas semanas los trascendidos de una posible “optimización de servicios” –esto es recorte de servicios- sumo tensión al conflicto. A su vez, se empezaron a registrar demoras en la salida de las lanchas, hecho que fue explicado por los propietarios como el resultado la imposibilidad económica de cargar gasoil.
“Estamos en una situación terminal. Tocamos fondo y tenemos la intención de que la comunidad isleña conozca la situación. Las empresas ya transmitieron que al no poder pagar el combustible, el servicio puede cortarse y muchos pueden perder su trabajo”, detalló Luis Cancelo, otro integrante del colectivo Unidad Isleña.
Mientras tanto, los isleños intentarán empujar un proyecto propio en la Legislatura Bonaerense para que se establezcan por ley la serie de beneficios que piden. A mitad de año, tras una serie de reuniones en La Plata, las demandas habían tomado forma en un texto del Frente Renovador pero fue descartado por no convencer a los vecinos.
