Cooperativistas marcharon en la ciudad de La Plata en reclamo del proyecto de ley que les otorga un 25% de participación en la obra pública de la provincia. La iniciativa, de la diputada Patricia Cubría, quedó frenada por el rechazo del oficialismo a principio de año.
“Estamos reclamando que el 25% de las obras que tienen el Gobierno sean destinadas para las organizaciones sociales. Ellos no quieren ceder esa parte que son para los trabajadores de la economía popular, que son la gente más humilde”, dijo Silvio Galarza del Frente de Organizaciones Populares en diálogo con este medio.
La nutrida movilización se dirigió este mediodía hasta el ministerio de Infraestructura bonaerense que conduce Roberto Gigante. “Nosotros tenemos 1000 nuevos despidos desde que dieron de baja el plan Argentina Trabaja y no recibimos apoyo de ningún sector porque en el privado también se frenó todo”, agregó Galarza.
El proyecto de la referente del Movimiento Evita, busca crear un “Régimen de promoción del trabajo y desarrollo de la economía popular” para garantizar la participación “en la Obra Pública que se desarrolle en el ámbito de los organismos de la Administración Pública Provincial Centralizada o Descentralizada y Entes Autárquicos”.
De acuerdo al texto difundió por Diputados Bonaerenses en febrero, se prevé que “el Poder Ejecutivo Provincial deberá establecer una reserva equivalente al 10 por ciento como mínimo del total de Obra Pública y cuando se trate de obras de infraestructura de pequeña escala (inferiores a mil metros cuadrados) se priorizará” a los trabajadores de la economía popular.
Por otro lado, para los “grupos asociativos” se exigirá un certificado de capacidad y habilitación, “el cual será condición necesaria para acceder a cualquiera de las formas de contratación”. Además, deberán contar con “un representante técnico con matricula habilitante y un responsable de higiene y seguridad”.
En cuanto a las exigencias al Estado provincial, se incluye “un anticipo financiero de hasta el 30 por ciento del monto contratado” y la creación de un fondo de garantía que “actuará como reaseguro de hasta el 5 por ciento del monto a contratar” que se capitalizará con un aporte de diez millones de pesos que saldrán del tesoro provincial.
