Las comisiones de Asuntos Constitucionales; Justicia y Asuntos Penales; y Presupuesto y Hacienda del Senado nacional se reúne este miércoles para aunar criterios en torno a una ley de financiamiento de los partidos políticos. El debate fue interrumpido en julio por el escándalo de “aportantes truchos” en la campaña bonaerense de Cambiemos.
Sin haber prosperado la discusión en la Cámara baja, el oficialismo buscará ahora acordar un texto con el PJ. La idea es que la iniciativa sea producto de un consenso entre proyectos presentados por el radical Ángel Rozas -similar al girado por el Ejecutivo- y el jefe del justicialismo, Miguel Pichetto.
Tanto Cambiemos como el Peronismo establecen la prohibición de los aportes en efectivo. En cuanto a las contribuciones de empresas -hoy prohibidas-, el texto de Pichetto estima que las empresas no podrán aportar más de un 10% del total de las ganancias netas durante el último año.
Por su parte, el oficialismo propone un 2% de tope sobre el total de los gastos permitidos para un partido. El monto surge de “multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior”.
Entre sus ejes centrales, el proyecto del PJ busca crear un “Registro de Trazabilidad de los Aportes Electorales, que alcanzará a personas humanas y jurídicas”; establecer un mecanismo para que los partidos rechacen los aportes cuyo origen sea sospechosos; y la transparencia y publicación de toda la información antes de la realización del acto electoral.
Entre los puntos en común, ambos contemplan la extensión del plazo de campaña. Adelantarlo al momento en que quedan oficializadas las listas. Pasaría de 30 a 50 días. Ese punto también tiene como fin sincerar lo que ocurre.
El debate tendrá un largo camino en comisiones, pero desde el Ejecutivo esperan llegar a un acuerdo antes de fin de año para tener una norma que “transparente” las elecciones de cara a los comicios del próximo año.
