El Gobierno Nacional reglamentó la Ley Brisa, que otorga una reparación económica a hijos e hijas víctimas de femicidio. Sin embargo, en la letra chica del decreto eliminó la retroactividad, un principio fijado en la norma aprobada en julio por el Congreso.
La medida, muy esperada por familiares quedaron a cargo de hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidios, fue festejada como un logro. Y lo es, en tanto que hasta el momento no había ninguna política destinada a ellos.
Pero el decreto reglamentario limita los alcances de la ley. En su artículo 3º la norma establece que la reparación económica es “retroactiva al momento de cometerse el delito, aunque el mismo se hubiera cometido con anterioridad a la sanción de la ley”.
Por el contrario, la reglamentación dice que la reparación será retroactiva a la fecha de la comisión del delito que la origina cuando este se produjo “con posterioridad a la sanción de la Ley Nº 27.452”. Es decir, elimina la retroactividad.
Este era un problema que había surgido durante el debate en el Congreso, donde fue aprobada con el acuerdo de las bancadas para que las objeciones fueran corregidas con la reglamentación.
“Un decreto reglamentario es una norma inferior a una ley y establece pautas para su aplicación. Ningún decreto reglamentario puede ir en contra de una ley. Es inconstitucional”, cuestionó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
En relación al argumento esgrimido durante las discusiones en el Congreso acerca de la retroactividad, el letrado aclaró que “el Código Civil dice que las leyes no son retroactivas, salvo que la propia ley lo establezca y que no viole derechos”.
En tanto, la abogada feminista Nelly Minyersky, especializada en Derecho de Familia, explicó que “fundamentalmente viola la Constitución en especial la Convención de los Derechos del Niño”.
“Se acota así el universo de beneficiarios excediendo las atribuciones del Ejecutivo que limita lo indicado por la ley, que en ningún caso recorta el tiempo. Este es el tópico que seguramente será declarado inconstitucional”, opinó el abogado Carlos Szternsztejn.
El universo beneficiado por la ley no es muy amplio, y no tendría mucho impacto presupuestario. Salvo en los casos de incapacidad, la reparación termina cuando los niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas colaterales de femicidio cumplen 21 años.
