A menos de 24 horas de haber sido aprobada en la Cámara de Diputados, la “Ley Micaela”, fue sancionada por voto unánime del Senado y a partir de ahora será obligatoria la capacitación en violencia de género para todos aquellos que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles.
De acuerdo con el articulado, la capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que también certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo.
Anualmente, el organismo publicará en su página web un informe anual sobre el cumplimiento de la norma, incluyendo la nómina de las altas autoridades que hayan sido capacitadas. Además, elaborará indicadores de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones realizadas por cada organismo y los resultados deberán integrarán el informe anual.
La ley, que lleva el nombre de la joven asesinada en Gualeguay en 2017, indica que las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas “serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación (el Instituto) a través y de conformidad con el organismo de que se trate”.
“El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres”, agrega la iniciativa.
Los detalles de la Ley
-Formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.
-La capacitación obligatoria abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y organismos descentralizados.
-El plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres, que dirige Fabiana Túñez, y el Ministerio de Modernización.
-Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
-Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.
