Con participación de gremios estatales y las áreas de Género de la Secretaría Legislativa de la Cámara de Diputados y el Observatorio de Políticas de Género del Senado, avanza la reglamentación de la ley 14.893 de licencia para víctimas de violencia de género para todas las trabajadoras de la administración pública bonaerense.
“Es un logro para el ámbito legislativo, ya que sienta un precedente institucional en la lucha contra la violencia de género y a su vez poder brindar el ámbito de acompañamiento a las trabajadoras que están atravesando esta situación”, dijo la coordinadora del área de Género y Diversidad de la Secretaría Legislativa de la HCD, Paula Aberastegui.
Es la tercera mesa de trabajo de la comisión acordada entre el vicegobernador Daniel Salvador y el presidente de la Cámara baja, Manuel Mosca. “La licencia es una gran herramienta para visibilizar la violencia que como mujeres vivimos cotidianamente”, agregó la secretaria general de ATE, Alicia González.
La norma de autoría de la diputada mandato cumplido Valeria Amendolara fue aprobada en 2016 por ambas Cámaras y establece la “licencia para mujeres víctimas de violencia destinada a todas las trabajadoras de la Administración Pública bonaerense cualquiera sea el régimen estatutario al cual pertenezcan”.
Por su parte, el secretario General de Asociación Personal Legislativo, Juan Cocino, afirmó que se avanzó en la idea de armar un equipo interdisciplinario que “esté preparado para contener y poder asesorar desde el punto de vista judicial y laboral para erradicar la violencia machista”.
“Venimos trabajando en el acoso sexual y la violencia laboral desde hace años, pero el que se haya visibilizado el mal accionar dentro del ámbito laboral, hizo que hoy hayamos llegado hasta acá”, sostuvo que la representante de UPCN, Silvia Martino.
La primera reunión se llevó a cabo los primeros días de agosto. En esa ocasión, Cocino aseguró: “La intención es abordar las distintas problemáticas viendo cómo se le da respuesta a una necesidad que existe en el ámbito laboral”.
La ley otorga “un plazo de cinco días hábiles desde la solicitud para acompañar la constancia de haber realizado la correspondiente denuncia” pero no define el tiempo que tendrá la licencia, que dependerá de la gravedad y particularidad del caso. Además, el uso del beneficio no afectará la remuneración correspondiente.
