El Gobierno nacional recortó $932 millones en las partidas destinadas por el Congreso Nacional a la Defensoría de Niñoz, a la Comisión Bicameral encargada de la designación de el/la Defensor/a y a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf).
La decisión implica incumplir las partidas asignadas por el Congreso de la Nación en el Presupuesto 2019. Como contrapartida, al mismo tiempo, se está retomando el proyecto de bajar la edad de punibilidad.
En ese sentido, desde las organizaciones sociales denuncian que “la medida es violatoria de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y representa una fuerte limitación a las políticas de protección integral de los derechos de la infancia”.
El Presupuesto 2019 fue acordado el 25 de octubre en el Congreso. Sin embargo, Marcos Peña, jefe de Gabinete, y Nicolás Dujovne, ministro de Economía, firmaron el 11 de enero una decisión administrativa que tiene en cuenta los cambios realizados por el Poder Legislativo en cuanto a fondos abocados a las áreas destinadas a los niños.
El Gobierno había intentado reducir la asignación presupuestaria en la Defensoría y la Comisión un 67% y los programas de Sennaf un 35%, en base a lo pactado en el proyecto de Presupuesto. Montos que se lograron con la decisión administrativa, que dejó sin efecto la decisión del Congreso, ya que subía $932 millones los fondos.
El recorte llega con una Defensoría sin capataz, ya que no cuenta con un titular encargado para la vacante hace 13 años, pese a haber 14 postulantes. Ahora la Defensoría y la Comisión deberán encontrar un defensor encargado, aunque empezará con 65% menos de recursos económicos.
Por su parte, el ajuste salarial que sufrió el Sennaf afecta al programa 47, destinado a la promoción y asistencia de los espacios de primera infancia, que se recortaba en un 75%. En ese sentido, desde las organizaciones aseguran que el organismo es “encargada de coordinar todas las políticas públicas para niños, adolescentes y adultos mayores.
