martes 23 de abril de 2019 - Edición Nº532
Diputados Bonaerenses » Congreso » 22 ene 2019

Congreso de la Nación

Por qué para los juristas el DNU de extinción de dominio es inconstitucional

Diputados del FpV-PJ rechazaron el decreto de necesidad y urgencia anunciado por el Presidente. "Vulnera la presunción de inocencia”, agregaron constitucionalistas.


Especialistas y Diputados del FpV-PJ cuestionaron el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de extinción de dominio y afirmaron que la medida tomada por el presidente Mauricio Macri es “inconstitucional” porque “vulnera la presunción de inocencia”.

El DNU de extinción de dominio es inconstitucional, más un acto de campaña que de gobierno, ya que los DNU están vedados para materia penal. Por eso, lo anunciado por Mauricio Macri involucra directamente cuestiones penales”, expresaron en un comunicado.

En este sentido, los parlamentarios agregaron que “curiosamente, en el día que el FMI anuncia mayor contracción económica para la Argentina, el Gobierno de Cambiemos intenta tapar una nueva mala noticia con un mamarracho que viola la Constitución Nacional”.

En el mismo sentido, el constitucionalista Daniel Sabsay sostuvo que "avanzar en el desapoderamiento antes de una condena es muy, muy peligroso”. “Siempre debe darse después de una condena al menos en primera instancia, porque sino estaríamos entrando en un territorio muy peligroso", apuntó.

Sabsay señaló que en la actualidad existe la figura de decomiso que se sustancia en el fuero penal y alcanza sólo a algunos delitos específicos como el narcotráfico o la trata de personas por ejemplo.

Sin embargo, el proceso penal de decomiso, que se inicia recién una vez que hay una sentencia condenatoria es muy largo y la idea es poder rescatar esos bienes malhabidos para el Estado o incluso en los casos que correspondan reparar a las víctimas de los delitos juzgados.

La extinción de dominio por el contrario se sustancia en el fuero civil y su proceso es mucho más expeditivo por lo que el Estado recuperaría mucho antes esos activos que podrían "perderse" a lo largo del proceso penal.

"Es un decreto de necesidad y urgencia que suplanta una ley votada por el Congreso, y lo que es peor es que convierte en retroactivo el DNU a 15 años cuando no se puede legislar para atrás", agregó el periodista especialista en judiciales Gabriel Morino quien precisó que se vulnera la presunción de inocencia.

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