El presidente Mauricio Macri firmó en las últimas horas un decreto de necesidad y urgencia, que ya fue publicado en el Boletín Oficial, para avanzar con el proyecto de extinción de dominio.
De esta manera, el Estado podrá quedarse con los bienes provenientes de los casos de corrupción y narcotráfico. Claro, con los impuestos confiscatorios ya se quedan con el esfuerzo de los trabajadores.
En medio de la fuerte caída de la imagen presidencial que no repunta, la decisión fue leída como una clara medida electoralista que hace eje en uno de los argumentos que agitó Cambiemos para llegar al Gobierno.
La iniciativa habilita a los jueces a iniciar “una acción civil para extinguir el dominio de aquellos bienes que por no corresponder razonablemente a los ingresos de su titular, permitan considerar que provienen de la comisión de delitos”.
Además, contempla la creación de una fiscalía especial que, en paralelo a las causas penales, y una vez que en el fuero penal se dicte una medida cautelar sobre los bienes obtenidos, podrá investigar si provienen de actividades delictivas.
Por otra parte, la extinción de dominio se aplicará a los bienes incorporados al patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado. El demandado debe probar que los bienes fueron incorporados antes.
