Tras una nueva Audiencia Pública de gas, en la que las distribuidoras le pidieron al gobierno la autorización para aumentar las tarifas hasta un 35,6%, el bloque de legisladores del Frente Renovador salió a manifestar su rechazo y adelantó que volverán a insistir con la Ley de Boleta Limpia.
En una conferencia de prensa, que contó con la participación de la Defensoría del Pueblo, el bloque remarcó la necesidad de “respetar el criterio de razonabilidad y prudencia”. “Las empresas se están adelantando 10 puntos a la inflación”, criticaron.
Es que, desde el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) fundamentaron que el nuevo cuadro tarifario es necesario para garantizar la rentabilidad perdida desde el 1 de octubre a consecuencia de la inflación.
En este sentido, el Defensor adjunto Walter Matello arremetió que “el ENERGAS parece un socio de las empresas que reciben 150 millones de pesos al año por impuesto al cheque y le incrementan al vecino 2.394 por ciento el servicio”. “De $211 pasaron a pagar más de $5 mil”, apuntó.
El objetivo del Gobierno y de las empresas es que el valor del servicio a los usuarios residenciales, comerciales e industriales se ajuste cada seis meses de acuerdo a las variaciones que vaya experimentando el Índice de Precios al Consumidor.
En este punto, los legisladores remarcaron la necesidad de evaluar los resultados de las discusiones paritarias “porque las tarifas están haciendo estragos y la gente está endeudada”. “Los aumentos no coinciden con el incremento salarial“, criticó la diputada nacional Marcela Pazos.
“Vi a los empresarios dispuestos a ir hasta el final, argumentaron que el dólar estaba desactualizado, cuando tenemos 25 25 pymes que mueren por día. Hay que salir de este esquema que el que único que gana son las empresas amigas del gobierno“, sentenció Pazos.
Por su parte, el legislador Ricardo Lissalde anunció que insistirán con el proyecto que elimina todos los cargos ajenos al consumo en la facturación de servicios públicos. “La totalidad de los impuestos extra son en promedio un 25%”, advirtió.
Por último, la legisladora Rocío Giaccone reclamó que la Provincia vaya al Consejo Federal de Energía a pedir una compensación”. “El aumento es producto del descalabro financiero que ellos hicieron y le trasladan los costos a los vecinos“, cuestionó.
