viernes, marzo 29, 2024

Mucho palo pa´ que aprendan: reprimieron a trabajadores de Coca Cola y hay heridos

Los operarios se manifestaban contra las 23 primeras cesantías que se confirmaron ayer. Todavía la empresa tiene en carpeta otras 9 desvinculaciones.

La Policía de la Ciudad reprimió ferozmente con gas pimienta y golpes a trabajadores de la embotelladora Coca Cola Femsa que esta mañana se manifestaban contra los primeros 23 despidos que confirmó la firma.

Me echaron a las 4 de la tarde por teléfono. Somos laburantes y nos están reprimiendo. Esto es una vergüenza“, relataba a los gritos uno de los despedidos mientras intentaba sobreponerse a los empujones de los policías.

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Las cesantías forman parte de las 32 que acordó la empresa con el Ministerio de Producción de la Nación y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (Sutiaga) para frenar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).

En un principio el pedido reclamado por Femsa contemplaba el despido de 80 operarios de la planta del barrio porteño de Pompeya, que emplea a 600 de los 3 mil empleados que tiene en el país, pero finalmente se redujo 32.

“Tenemos medidas judiciales abiertas y la empresa comienza a despedir. Esto es parte de un plan de flexibilización laboral porque no pudieron demostrar que están en crisis”, explicó Cristian Durand uno de los trabajadores.

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Ayer diputados provinciales de Unidad Ciudadana presentaron un proyecto para exigirle al gobierno de María Eugenia Vidal que intervenga para frenar las cesantías.

“Exigimos la efectiva intervención de las autoridades provinciales para garantizar la continuidad de los 32 puestos de trabajo, ante el anuncio fraudulento y fallido de la empresa”, señaló el lómense Miguel Funes.

Al mismo tiempo, los legisladores denunciaron “el uso abusivo” por parte de las grandes empresas de los PPC. Esa herramienta legal, que flexibiliza las condiciones laborales, fue un recurso otorgado desde la llegada de Cambiemos.

Se trata de una modalidad en aumento en 2016 se solicitaron 55, en 2017 fueron 83 y en 2018 la cifra escaló hasta 108 solicitudes. Es decir, su uso aumentó casi un 100% desde el primer año de gestión de Macri y Vidal.

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